Por
Danilo Cruz Pichardo.
ATMÓSFERA
DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La libertad de expresión se reconoce como un derecho
de primer orden en virtud del artículo 19 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Ese artículo establece que todos podrán expresarse sin interferencia.
Esa facultad se ejerce de forma oral, escrita o mediante cualquier medio de Comunicación Social.
Tradicionalmente
la prensa ha sido afectada por atentado contra los medios informativos,
restricciones a la circulación de información,
monopolio de medios, maridaje entre medios y gobiernos, entre otras
conductas que afectan a la libre expresión.
La
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) es el organismo que tiene el mandato de defender la libertad de prensa
y de información, por ser básica para la
protección y promoción del resto de los derechos humanos. Y el 3 de mayo de
1993 fue proclamado como el día mundial de la libertad de prensa.
En
nuestro país la censura de prensa ha estado presente desde el nacimiento del
periodismo dominicano, aunque los actos más escandalosos se registraron en la
tiranía trujillista y, en ese mismo orden de importancia, en los doce años de
Joaquín Balaguer (1966-1978), en los que hubo actos de excesiva censura, llegando
al extremo de asesinar a periodistas que disentían de la política
gubernamental.
Se
observó también gran estado de temor (autocensura) de parte de muchos medios y
de periodistas, que no se exponían al terror político prevaleciente en la
época.
Han pasado
varias décadas de esa afrenta para la prensa nacional, pero aún se registran
muchos casos de censura, donde autoridades vinculadas a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) han impedido la divulgación de programas televisivos grabados, interviniendo
ante los propietarios de medios audiovisuales, una vez enterados de los
contenidos.
Muchos
productores de espacios en la radio y en la televisión dominicana han sido
excluidos por presiones de sectores gubernamentales.
También
se denuncia que reporteros han sido despedidos de medios de comunicación por
presiones de funcionarios. Han cancelado a reporteros hasta por formular
preguntas que determinadas fuentes califican de capciosas.
En
las dos décadas del presente siglo hay quienes atribuyen retroceso de la
libertad de prensa en la República Dominicana, citando múltiples casos de
censura y de autocensura periodísticas, contra comunicadores reconocidos, como
son los casos de Nuria Piera, Marino Zapete, Huchy Lora, Juan Bolívar Díaz,
entre otros.
También,
en la pasada campaña electoral, se
denunciaron actos de censura gubernamental contra la divulgación de estudios de
opinión, contrarios a los intereses del partido oficial.
De
igual modo, algunos propietarios de medios, recibieron presiones, se les
despojó de publicidad gubernamental y les tiraron a Impuestos Internos.
Hubo
temor periodístico, hasta hace pocos años, a figuras determinadas de la Iglesia
Católica. Y hay temor a oficiales
policiales, militares y ni decir a individuos vinculados al narcotráfico,
actividad que casi a ningún comunicador le agrada tocar en sus comentarios, por
tratarse de un mundo tenebroso y oscuro, que en los últimos tiempos ha contado
con la complicidad de autoridades civiles y militares.
En
tal sentido, el periodista, muchas veces, tiene que someterse a una rigurosa
selección, semantización y divulgación de materiales, lo que se inscribe en la
autocensura.
Es
una forma de asegurarse que los mensajes a publicar, por algún medio de comunicación social, no
les generan problemas.
En
todo el territorio nacional, de forma regular, se denuncian casos de
periodistas que son objeto de persecución por autoridades gubernamentales,
policiales, judiciales y sujetos del bajo mundo.
No
constituye un secreto, además, que un alto porcentaje de los comunicadores
dominicanos han tenido sus teléfonos intervenidos. A los comunicadores sociales
dominicanos, sobre todo aquellos que denuncian corrupción pública o vínculo de
autoridades con el narcotráfico, les hackean su cuenta de correo electrónico a
través de técnicos al servicio de los propios organismos de seguridad del
Estado.
Esa
práctica delictiva se hizo una norma en los 20 años de gobierno del PLD, donde la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) ha llevado la voz cantante.
A
muchos comunicadores sociales, de los que suelen denunciar excesos de las
autoridades gubernamentales, les aflojaban las tuercas de los neumáticos
delanteros de sus vehículos, atentado terrorista que le atribuyen al DNI.
¿Cuántos
comunicadores sociales han perdido la vida en accidentes de tránsito inducidos?
Ese tipo de atentado criminal lo he denunciado en la prensa nacional, a través
de artículos de opinión, desde el mes de marzo del año 1998.
El
momento es oportuno para empezar con las querellas y los sometimientos formales
ante la justicia, contra todos aquellos que se han aprovechado del poder para
ocasionar daños a la libertad de prensa.
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