Por
Danilo Cruz Pichardo.
ATMÓSFERA
DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La experiencia indica que ninguna nación alcanza nivel
de desarrollo mediante el asistencialismo, pero mucho menos a través del
clientelismo político. El crecimiento económico y social de los pueblos está
garantizado en la producción de bienes y servicios y, simultáneamente, en
eficientes sistemas de educación y de salud, entre otros aspectos.
El asistencialismo estatal solo podría
justificarse en situaciones especiales, producto de catástrofes provocadas por
fenómenos naturales o, en su defecto, ante tragedias sanitarias, como la pandemia del coronavirus. Es decir, con
carácter circunstancial, nunca de forma permanente, porque a la gente se le
enseña a pescar, no se le regala el pez.
Ahora bien. Hay personas con discapacidad física y envejecientes a las cuales, dentro de un plan de asistencia social, se les puede ofrecer una ayuda económica, porque no están en condiciones de producir.
De igual manera, apruebo que a las madres solteras, desempleadas y de
bajo nivel social, el Estado las asista
durante los primeros dos años, período en el que deben cuidar y amamantar la
cría. Se trata de casos excepcionales.
Dentro de esos casos excepcionales podrían estar jóvenes universitarios que se han visto en la necesidad de desertar por carecer de algo tan simple como el costo de un pasaje para acudir a la academia y retornar a la casa.
Carece de lógica, sin embargo, dar mil pesos mensuales a una persona joven por el simple hecho de no trabajar ni estudiar. El que no trabaja ni estudia no inventa nada bueno, suele ser un irresponsable por idiosincrasia.
Los empleos son escasos en nuestro país,
más con la situación especial que vivimos, pero el que se dispone a trabajar
logra su objetivo. Hay talleres de mecánica, de herrería y de otras tantas cosas, que regularmente
requieren ayudantes. Y esos ayudantes terminan aprendiendo el oficio y con el
tiempo se independizan.
Además, los venduteros ambulantes no
tienen impedimentos legales y muchas veces sus ingresos son superiores a los de
cualquier oficinista. El vendutero no tiene siquiera que pagar impuestos. Hay
múltiples formas de una persona joven ganarse su sustento de forma digna. No
constituye un secreto, empero, que la mayoría de los jóvenes dominicanos se
tiene al menos, le averguenza, vender algo en la calle, una distorsión en los
valores culturales, los cuales enseñan la vida fácil, el modismo y el
consumismo.
Es un desatino otorgar una mensualidad,
aunque sea baja, a un joven por el
simple hecho de no trabajar ni estudiar. Un premio a la vagancia. Todos los
vagos no son delincuentes, pero todos los delincuentes son vagos. Me refiero,
naturalmente, a los delincuentes barriales, pues también están los famosos
delincuentes de cuellos blancos, de los cuales no hay uno solo preso.
La intención del gobierno no es mala,
porque en el fondo el objetivo es contrarrestar los hechos delictivos y los
niveles de violencia. Pero ¿a quién le surge esa idea? ¿Quién estableció que sería
una medida adecuada para reducir la criminalidad? Los jóvenes rateros obtienen
miles de pesos en una noche. Basta con quitarle el celular a una dama o atracar
una pulpería o a una banquita.
Se sugiere que se oferten becas de
estudios para carreras universitarias y
técnicas, dependiendo del nivel particular. Y que se hagan talleres con expertos, donde haya sicólogos, siquiatras,
sociólogos, etc., para establecer las causas
y las medidas a tomar respecto a la delincuencia y a la criminalidad, que, de
acuerdo a los resultados de las encuestas, constituye el principal problema de
la sociedad dominicana.
Las medidas no se improvisan y menos sobre
una problemática tan compleja como es la
criminalidad. Dar mil pesos a cada vago no resuelve nada en lo absoluto,
contrariamente esos recursos pueden destinarse a causas más nobles.
Un primer paso --en el marco de un conjunto de políticas
para contrarrestar la delincuencia--
podría ser el otorgamiento de becas de estudios y aquellos que las desaprovechen,
como ocurrirá con la mayoría, tirarles a los organismos de seguridad y apresar
a los que se dediquen a actividades delictivas. Y desde las cárceles ponerlos a
estudiar de forma obligatoria, una manera de contribuir a su rehabilitación.
A veces pienso que hemos alcanzado los
niveles de criminalidad que tenemos por falta de voluntad de los gobiernos.
¿Acaso los últimos presidentes que hemos tenido ignoran que la delincuencia
muchas veces sale de los propios organismos que están supuestos a combatirla?
La primera tarea del jefe de Estado es poner a funcionar a los organismos de
seguridad para que identifiquen el origen de todas las bandas criminales que
operan en el territorio nacional. ¿Quién puede estar mejor informado que un
presidente? El problema se puede combatir, pero con medidas dirigidas a las
grandes y pequeñas bandas, caiga quien caiga. La situación demanda de voluntad
presidencial.
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