Se percibe un desgaste acelerado en la aprobación del nuevo gobierno, pese a que ha tomado algunas medidas positivas

Por Danilo Cruz Pichardo.    

ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Luis Abinader fue electo presidente de la República Dominicana con el 53% de los votos válidos emitidos, en la contienda comicial celebrada el 5 de julio, derrotando al Partido de la Liberación Dominicana, organización que había gobernado 20 de los últimos 24 años.

A pesar de los altos niveles de corrupción pública en los gobiernos peledeístas, todavía en octubre de 2019, para las famosas y reñidas primarias, el PLD era la principal organización política del país, conforme a todas las encuestas de opinión, mayoría que los expertos en marketing  atribuyen a un asistencialismo que llega a millones de dominicanos, pero también a una inversión multimillonaria en prensa, publicidad y asesoramiento de expertos internacionales en materia de comunicación.

La experiencia dominicana, regional y universal indica que los primeros meses de un gobierno son una especie de “luna miel” con la población, espacio en que la popularidad gubernamental se dispara a un 70 y hasta a un 80%, indistintamente que haya ganado con un 53%. Ese no ha sido el caso, sin embargo, de la presente administración, pues en lugar de subir su aprobación ha bajado. Ha bajado tanto que sectores opositores han tratado de pescar en río revuelto, al realizar una insensata protesta a una gestión que no llega a dos meses.

Es evidente que Luis Abinader ha tomado medidas positivas y entre ellas hay que destacar la designación de profesionales independientes en la cúpula del Ministerio Público, un director de Compras y Contrataciones Públicas que es el representante de Transparencia Internacional en el país, como es el caso de Carlos Pimentel, ha eliminado instituciones innecesarias y que solo han servido como cuevas de corrupción, como son los casos de OISOE, el quebrado CEA, entre otras. El presidente Abinader, además, desarticuló el Despacho de la Primera, dando un ejemplo desde su propia familia.

Asimismo, el presidente de la República, es el primer jefe de Estado que hace cumplir la Ley 111-14, sobre Declaración Jurada de Bienes de los Funcionarios Públicos. Y ya ha suspendido a más de una docena de servidores de distintos niveles por no acogerse a su advertencia.

Empero, uno de los errores del presidente Abinader, ha consistido en no poner a los distintos representantes de órganos estatales a ofrecer un balance financiero sobre la situación heredada en cada uno de los departamentos. Y él, como jefe de Estado, tenía que ofrecer un informe global sobre la situación económica del país, que todos sabemos que no es buena, no solo por la pandemia, la cual ha llevado a la quiebra al turismo, principal generador de divisas en los últimos años, sino porque el PLD dejó las arcas vacías y, adicionalmente, un país hipotecado, pues la deuda externa representa más del 54% del PIB.

Es posible que el jefe de Estado toque esos temas vitales, pero tenía que hacerlo antes de colocar bonos internacionales por cerca de cuatro mil millones de dólares y tomar otros préstamos menores. Se trata de medidas que posiblemente se justifiquen, pero al no crearse la conciencia necesaria en la población es lógico que sean rechazadas en amplios segmentos nacionales.

La gente también ha externado su disgusto con los impuestos que aparecen en el Proyecto de Presupuesto de la Nación, incluyendo al sueldo número 13, pero el jefe de Estado ha mostrado humildad y prometió explorar otras alternativas.

Sin embargo, hay muchos aspectos que no concuerdan y dan la impresión que el gobierno se basa en la improvisación más que en la planificación previa. De igual manera da la sensación que el  presidente Abinader no tiene a políticos de experiencia a su lado, sino a un empresario con el que no se sabe qué tipos de compromisos hizo en la campaña electoral, pues mientras Luis Abinader desmiente rumores de privatización de empresas estatales, ese caballero reitera los planes de la Alianza Público-Privada, que posiblemente es una réplica, aunque con otro nombre, del tristemente recordado Proyecto de Capitalización de las Empresas Públicas, implementado en el primer gobierno de Leonel Fernández y hoy día ni están las empresas de CORDE ni los ingenios azucareros ni mucho menos el dinero.

El empresario Lisandro Macarrulla ha procurado despejar dudas y acaba de anunciar que donará su salario como ministro de la Presidencia, como que fue al gobierno a sacrificarse, cuando históricamente ningún funcionario público, por lo menos en países corruptos y de instituciones débiles como ha sido el caso de la República Dominicana, ha vivido de sueldos. Y tampoco Macarrulla está detrás de un sueldo.

Otro aspecto que ha venido dañando la imagen pública de la presente administración es la inmensa cantidad de decretos que premian a personas de apellidos sonoros y a miembros de una misma familia. Aunque los méritos son individuales, se conocen decenas de casos de designaciones de personas por el simple hecho de ser hijos, hermanas, esposas u otros patrentescos con funcionarios. El último decreto de esa índole favorece a la esposa de Orlando Jorge Mera. ¿Qué labor hizo esa señora, que además no necesita ese sueldo, pues su esposo es un poderoso ministro?

¿Es que no hay nadie en el Palacio Presidencial que le diga a Luis Abinader que ese tipo de designaciones cae mal, muy mal en la población, tan mal como designar en altos cargos a dos diputados electos y, para colmo, hay que quienes abogan que esas curules vacantes sean ocupadas por descendientes, como si se tratara de una monarquía, una fiesta o francachela basada en cargos estatales?

Mientras se observa ese malestar colectivo, el jefe de Estado se descuida en un aspecto cardinal, el cual consiste en focalizarse en la construcción de un partido fuerte, que sirva de sustento al gobierno. Fue el PRM, los partidos aliados y los independientes que sacaron al PLD del poder y no debe desaprovecharse la oportunidad de construir una sólida estructura partidaria, capaz de enfrentar al adversario, que no está muerto, simplemente está asustado y a la defensiva y, por falta de tacto, podría pasar a la ofensiva, dado su enorme poder económico.

A la gente del PRM se le ha dicho que en medio de una pandemia no se puede cancelar a los peledeístas, como si la pandemia, que nadie sabe cuando termina, no afectara simultáneamente a los del PRM, que adicionalmente tienen 16 años consecutivos fuera del poder.

Un pretexto infeliz. Es más infeliz el alegato que los perremeístas no tienen formación académica. En los partidos políticos dominicanos hay personas con los diversos niveles educativos. Unos califican para ministros y otros para simples mensajeros o para trabajar en el área de limpieza. Para hacer un partido diferente, de gente  culta, habría que buscar extranjeros y la Constitución lo prohíbe.

Dejar la militancia de un partido a su suerte es sumamente peligroso. Bosch cometió el error de desarticular al PRD en 1963, afilando cuchillo para su garganta, pues esa medida solo benefició a los sectores que conspiraban contra el gobierno constitucional.

No es para hacer paralelismo, pues los tiempos son diferentes. Los golpes militares ya no son viables, pero no le veo lógica política alguna el tener en la oposición al PLD, a la Fuerza del Pueblo, a Guillermo Moreno y tirarse simultáneamente a los perremeístas en contra. ¿Con quién cuenta? ¿Con los empresarios? Los empresarios se benefician de todos los gobiernos y cuando un presidente sale del poder terminan sacándole la lengua. Hay quienes aseguran que todos esos decretos que han recaído sobre empresarios se perdieron. ¿Cuál de ellos ha salido defendiendo a Luis Abinader? ¡Qué me señalen uno solo! Ni siquiera Macarrulla, pues a ese caballero ni la voz se le conoce.

Para no acelerar el desgaste de la popularidad del gobierno, convendría que el Ministerio Público inicie el conocimiento de los expedientes de corrupción pública. Ya es tiempo para empezar, al menos que Miriam esté pensando que a ella sencillamente “le han tirado una vaina”, al tener que tomar medida de persecución judicial contra gente de tanto poder.

Mientras tanto, el presidente Abinader, sigue hablando de forma regular y el discurso también se gasta, lo que repercute negativamente sobre su credibilidad, como saben muy bien quienes estudiaron estrategia de la comunicación social.