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Conductores solicitan a la Alcaldía del Distrito Nacional intervenga en conflicto por cierre residencial Cuesta Brava


ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO.- A pesar de que la directora de Relaciones Públicas del Ayuntamiento del Distrito Nacional, Elizabeth Mateo, anunció el pasado 29 de octubre que fue apoderado el Gabinete de Transporte y Movilidad, y que ya se estaban coordinando las acciones de lugar para hacer frente al conflicto que se ha generado en torno al cierre dispuesto por la Junta de Vecinos del Residencial Cuesta Brava, de una vía pública que sirve de desahogo hacia la avenida Jacobo Majluta.

La negativa al paso por el residencial, impide a cientos de conductores usar dicha vía en su propósitos de dirigirse a sus destinos, mientras existe el temor de que la situación pueda degenerar en una desgracia por las acaloradas discusiones que se originan entre conductores y unos jovencitos que han sido dispuestos como seguridad y que reaccionan de manera muy violenta cuando se le reclama el derecho constitucional que tiene el ciudadano al libre tránsito.

Ante esta situación los conductores demandan la intervención inmediata de la alcaldesa Carolina Mejía o de lo contrario van a proceder a derribar por su cuenta las garitas ya que para ello cuentan con dos Resoluciones de la Sala Capitular  y una Sentencia de un Tribunal y que las autoridades no han querido ejecutar

“Hoy, a eso de las seis y media de la mañana la situación se tornó  al rojo vivo”, comento una usuaria de la vía que no quiso ser identificada. Todo ocurrió, explicó, cuando decenas de conductores que se desplazaban en ambas dirección  con destino a sus  centros de trabajo, no podían cruzar por la vía, realidad que se repite cada día debido a  que la Junta de Vecinos ha  habilitado horas exclusivas para permitir el paso y con las que  no siempre se cumple.

Se recuerda que tras surgir la pandemia de la Covid-19,  la Junta de Vecinos del residencial Cuesta Brava, Arroyo Hondo, Distrito Nacional, volvió a cerrar el tránsito por el interior del habitacional, pese a existir una sentencia de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia, que lo prohíbe y ordena demoler las garitas levantadas para estos fines.

La sentencia es la No.883-2009, de fecha 21 de octubre de 2009, mediante la cual, el tribunal ordena al síndico de entonces, Roberto Salcedo, demoler dos garitas que obstaculizan el libre tránsito en las calles Ercilia Pepín y Salomé Ureña del referido sector, ubicado en la parte noroeste de la capital. La indignación

La decisión de cerrar de nuevo el paso a cientos de vehículos provenientes de los sectores aledaños, principalmente, los residenciales Puerta de Hierro y Buena Vista, entre otros, está provocando taponamiento del tránsito que se extiende por más de cuatro kilómetros en la carretera La Isabela, generando intranquilidad entre los usuarios que tardan horas para cruzar ese trayecto y llegar a sus centros de trabajo.

No obstante, al taponamiento de la vía principal, en la calle interior al residencial se cuentan más de una docena de muros, de los llamados policías acostados, que hacen más lenta la movilidad de los vehículos, contribuyendo de este modo al congestionamiento del tránsito.

Acaloradas discusiones se observan en la entrada oeste del residencial Cuesta Brava entre los que quieren acceder para evadir el tapón y el personal de seguridad que le impide utilizar ese desahogo. Algunos temen que un día pase lo peor y los miembros de la seguridad sean agredidos durante las discusiones con los usuarios de la vía.

También han indicado que ese residencial fue diseñado con tres calles para el desahogo del tránsito, que concluyen en la avenida Jacobo Majluta, pero fueron cerradas para impedir el acceso de los no residentes.

La sentencia condena a Roberto Salcedo al pago de un astreinte de 5 mil pesos por cada día de retraso en el incumplimiento de la Sentencia de Amparo que fue solicitada por la Asociación de Vecinos de Puerta de Hierro y la Junta de Vecinos de Buena Vista. 

También, existe la Resolución 41-2007 del Concejo Municipal que ordenó la demolición de las garitas, pero el síndico Roberto Salcedo no la ejecutaba. 

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