Por Danilo Cruz Pichardo.
ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Como todos los
hechos se graban, con las cámaras de los celulares, la Policía Nacional ya no
puede ocultar los excesos que sus miembros cometen en las calles de las ciudades. Pleonasmos
policiales se han cometido siempre, pero su director no está para justificar
violaciones a las leyes, menos en un gobierno que oferta la transparencia como
principal virtud.
La transparencia no se circunscribe al
desenvolvimiento financiero de las instituciones públicas. También comprende el
respeto a las leyes.
Si Edward Sánchez González, director de la Policía
Nacional, desaprobara exabruptos de sus subalternos, podría colegirse que dentro
de la uniformada hay quienes procuran dañar su gestión para hacerlo “saltar del
cargo”, una práctica conspirativa que históricamente han implementado altos oficiales que dirigen clanes dentro del
cuerpo del orden.
Pero ese parece que no es el caso. Y de serlo el
director de la Policía Nacional estaría haciéndoles el juego a sus posibles
adversarios internos y afila cuchillo para su propia garganta. Todo indica que
ha faltado una declaración categórica, con autoridad y de apego a las leyes de
parte del jefe policial.
Le tocó al ministro de Interior y Policía, Jesús
Vásquez Martínez, expresar que en su gestión no se permitirá violaciones a las
leyes de miembros de la Policía Nacional, pero tampoco se tolerará desacatos ni
agresiones de ciudadanos contra las autoridades.
La
advertencia de Chu Vásquez es muy oportuna, pues en las últimas semanas la
población viene presenciando, a través de la televisión y de las redes
sociales, múltiples incidentes que involucran a policías y a civiles, como si
estuviéramos en una sociedad donde ni unos ni otros conocen sus derechos y sus
deberes.
Lo que
se comenta es que el director policial carece de carácter y de autoridad. El
suscrito no puede corroborar esa tesis por falta de argumentos, pero algo anda
mal dentro de la institución y esas frecuentes peleas callejeras entre policías
y ciudadanos dominicanos tienen que acabarse. Alguien tiene que ponerle coto a
ese desorden.
Bastó con que el presidente Luis Abinader dijera
que “aquí no hay rango por encima de la ley”, para que los generales
dominicanos dejaran de violar las leyes de tránsito y de humillar públicamente
a los miembros de la Digesett, que solo procuran ordenar la caótica circulación
vehicular en la República Dominicana.
Los
generales dominicanos vienen con un sentimiento de superioridad, de estar por encima de las leyes y exhibir
derroche de arrogancia desde los tiempos de Trujillo, reproduciendo sus excesos
y sus abusos en los doce años de Balaguer y hasta en los gobiernos siguientes,
sin que ninguna autoridad civil siquiera amonestara esa conducta.
El Artículo 39 de la Constitución de la República
establece el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos dominicanos.
¡Léanlo!
Ese problema de los generales insultar y humillar gente en la calle parece estar resuelto por lo menos momentáneamente. Ahora corresponde acabar con los incidentes diarios (asimismo: son diarios) entre policías y personas común de la población, que dan la sensación que vivimos en un país en el que no hay normas jurídicas establecidas que nos permitan socializar civilizadamente. Pongamos fin a los excesos policiales.
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