Manifiesta que con los esquemas utilizados los hoy enviados a prisión preventiva obligaban al Estado a erogar grandes sumas de dinero con base en maniobras fraudulentas
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ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana calificó la Operación Calamar como un caso de corrupción a “gran escala”, en el que se emplearon tres esquemas para defraudar al Estado con montos que sobrepasaron los RD$ 19,000 millones, hecho por el cual guardan prisión tres altos funcionarios del pasado gobierno de Danilo Medina.
Participación Ciudadana indica que la Operación Calamar es un caso de criminalidad organizada si el Ministerio Público logra comprobar la comisión de los hechos en la que un grupo de personas se confabuló para cometer delitos graves en detrimento del Estado y cuyos actores principales utilizaron importantes instituciones del Estado para aparentar que sus acciones eran lícitas.
Entre los organismos implicados
figuran el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la
Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar, la
Dirección General de Catastro Nacional, la Dirección General de Presupuesto y
el Banco de Reservas.
El movimiento cívico señala que el
acuerdo al que llegó el Ministerio Público con parte de los acusados fortalece
la investigación ya que sus delaciones son corroboradas por otros testimonios y
fuentes. Gracias a ello los exministros de Hacienda, Donald Guerrero, y
Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, guardan 18 meses de
prisión preventiva y el caso fuera declarado complejo por la jueza Kenya
Romero.
En el informe titulado:
“Informaciones Claves Operación Calamar”, Participación Ciudadana aborda los
aspectos principales del entramado criminal y destaca que los acusados
utilizaron tres esquemas fraudulentos como fueron las expropiaciones, la compra
de inmuebles y los juegos de azar, éste último empleados a través de bancas
deportivas, colmadones y bancas de loterías a cuyos propietarios les cobraban
millonarias sumas de dinero fuera de lo establecido por la ley y si no los
pagaban era amenazados con cerrarles sus negocios.
Participación Ciudadana manifiesta que con los esquemas utilizados los hoy enviados a prisión preventiva obligaban al Estado dominicano a erogar grandes sumas de dinero en base a maniobras fraudulentas, que se traducían en grandes beneficios económicos para ellos y otros particulares que formaban parte de la referida organización criminal.
“Maniobraron para que un altísimo
porcentaje de los montos pagados por deudas administrativas, mediante las
cesiones de crédito fraudulentas, recayeran en las mismas personas físicas y
jurídicas que formaban parte del entramado de corrupción y falsearon documentos
públicos, como actos de notoriedad, con el fin de excluir herederos, a los que
afectaron sus derechos fundamentales”, señala el documento de la institución.
Sobre el esquema de las
expropiaciones de terrenos, en su documento Participación Ciudadana explica que
los acusados lograron que se emitieran avalúos para el pago fraudulento el
tiempo récord de parcelas expropiadas sin los debidos soportes técnicos ni los
registros correspondientes y sin los requisitos mínimos exigidos por la
Dirección de Reconocimiento de Deuda Administrativa y la Contraloría General de
la República.
Por este esquema se proyectaron
fondos bajo el concepto de pago de deuda administrativa por RD$
30,871,620,072.90, razón por la cual “el presente caso también merece el
calificativo que Transparencia Internacional ha dado a diversos casos
denominándolos “gran corrupción” o “corrupción a gran escala”, ya que fueron
cometidos en los niveles más altos del Gobierno central.
De acuerdo a los distintos testimonios ofrecidos por algunos de los acusados, el expresidente Danilo Medina convocó al Palacio Nacional a varios funcionarios para ordenarles que diligenciaran recursos para la campaña del excandidato a la Presidencia, Gonzalo Castillo y los candidatos a legisladores de Santiago, porque a ellos también ‘había que ayudarlos”, lo que según el exdirector de la disuelta Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán, fue una de las razones principales de que se crearan estos esquemas para buscar el dinero.
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