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Escrito por Guido Gómez Mazara.
ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO, (18/10/2025).- A Danilo Medina, con cariño. El año en que nací, Sidney Poitier saltó a la fama con su estelar papel en la película "Al maestro con cariño", inspirada en la novela de E. R. Braithwaite.
He pensado mucho en la excelente producción y su drama, porque admito mi respeto hacia ti, fundamentalmente al expresar la historia del que salta obstáculos, alcanza el éxito y se establece contra viento y marea.
De verdad, eres
merecedor del cariño, hasta de los que nunca hemos coincidido en la arena
política contigo.
Celebro que el juicio sobre los ocho
años de tu gestión quede en manos de la historia, no de quienes te apreciamos.
Y en mi condición de observador parcial, agradezco las críticas recientes al
desempeño del gobierno del PRM (Partido Revolucionario Moderno), principalmente en lo concerniente a la
interpretación de la deuda, amortización, montos y porcentajes, porque
incorporan los alegatos indispensables para sepultar de una vez y para siempre
la fatal manía del insulto y descalificación personal.
En buena justicia, el contexto de cifras y estadísticas correspondientes a los períodos 2012-2020 y 2020-2025 también materializa visiones encontradas alrededor de estilos, concepciones éticas y auténtico compromiso con el desarrollo de la Nación. Y aunque la política abunde en protagonismos, la jurisdicción de la frialdad numérica y la certeza del juicio proveniente de organismos internacionales tienden a imponerse sobre la retórica.
Así, instituciones como CEPAL, BID, BM, FMI y
Moody’s poseen una carga de credibilidad que deja contra las cuerdas el
argumento promovido desde la pasión y la militancia.
Es comprensible que tras el acto del
PLD en Santiago de los Caballeros, la agitación del momento te llevase a
declarar ciertas imprecisiones en los porcentajes. Pero al calificar como
“muchachadas” las cifras sobre la deuda, se abre un debate que merece basarse
en datos verificables: modalidades de pago, piruetas para convertir deuda
administrativa en pública y beneficiarios finales, hoy todo bajo escrutinio del
Ministerio Público.
El 31 de julio de 2020, mediante la
comunicación No. MH-2020-016607, el Ministerio de Hacienda instruyó la
cancelación de compromisos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC) y de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)
con el Banco de Reservas, correspondientes al Programa de Contratistas del
Estado. La operación financiera ascendió a RD$ 20,904,831,251 y se ejecutó con
cargo a tres fuentes de financiamiento:
RD$ 4,624,671,857 de los dividendos
de las utilidades de 2019;
RD$ 1,686,609,394, una proporción del
15 % restante de las utilidades que según la Ley No. 99-01 está destinado al
pago de compromisos del Estado;
RD$ 14,593,550,000 por la emisión de
bonos por un monto de US$ 250,000,000.
No se cumplió con el debido proceso
del circuito de firma, según el cual el MOPC y la OISOE debían registrar la
licitación, la orden de compra, el compromiso y el devengado, es decir, el
recibimiento conforme de los bienes y servicios sobre los cuales recaerían los
libramientos y pagos. Todo el proceso debía ser revisado por la Unidad de
Auditoría Interna (UAI) de cada institución y remitido a la sede central para
una segunda revisión por el Departamento de Revisión y Análisis de la
Contraloría General de la República, y posteriormente firmado por el Contralor.
Ahora bien, como la operación se
manejó mediante una instrucción del ministro de Hacienda de ese momento, en la
que el ministerio asumía el pago de cuentas por pagar de años anteriores e
instruía al Banco de Reservas, debió aplicarse el procedimiento de deuda
administrativa para que se pudieran asumir esos pagos, lo cual implicaba:
Determinar la disponibilidad
presupuestaria para imputar los pagos de las cuentas por pagar (deuda
administrativa), la cual no existía;
Realizar la revisión y el análisis
para el reconocimiento de la deuda, validando cada expediente con la
documentación soporte correspondiente, de acuerdo con la transacción que le dio
origen, a fin de garantizar que dichas deudas fueran fehacientes y válidas
conforme a los procedimientos establecidos en el referido circuito de pagos.
Sin embargo, no se involucró a las
Direcciones de Reconocimiento de Deuda y de Administración de Recursos
Financieros del Ministerio de Hacienda; ni a la Unidad de Análisis de la
Contraloría General de la República; ni a la Tesorería Nacional, como ente
responsable de la ejecución del libramiento de pago; ni a la Dirección General
de Contabilidad Gubernamental, como ente responsable de la aplicación del
registro contable.
Para peor, esta fraudulenta operación
fiscal era ejecutada en medio de los embates del COVID-19. Mientras la
ciudadanía dominicana y del mundo sufrían los efectos bio-psicosociales de la
pandemia, un grupo de funcionarios públicos de alta responsabilidad autorizaba
una operación financiera de cerca de RD$ 21,000 millones para favorecer a sus
allegados.
Aquella decisión, tomada en plena
emergencia sanitaria, sintetiza el tipo de gestión que priorizó los intereses
de unos pocos sobre las necesidades colectivas. Más allá de la discusión
técnica sobre la deuda pública, lo esencial es garantizar planificación
financiera, transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos. En
expedientes como Calamar y Anti-Pulpo se evidencia que la deuda contraída se
destinó a gasto de capital o, más bien, para capitalizar allegados, y se
trasladó a las generaciones presentes y futuras el peso de un manejo fiscal
irresponsable, cuyas consecuencias se pagarán a través de mayores cargas
impositivas.
Finalmente, al leer la asociación
entre pago de deudas y la situación procesal del caso Calamar, pienso en el
profundo dilema de la vida pública concerniente a los colaboradores en tiempo
de campaña y su retribución post victoria electoral. Pasa con los eficientes
recaudadores que, una vez designados, le dan riendas sueltas a sus apetitos
insaciables. De ahí surgen las diligencias investigativas que sindican a ex
ministros en la estructuración de un tinglado pendiente de juicio, con
evidencias que constituyen materia prima de los que asumen las cercanías
políticas como fuente de alcancías privadas. Aquella operación estuvo lejos de
ser una ligereza o una “muchachada”, y no tuvo nunca una explicación de quien
debía darla. Hoy, es el Ministerio Público quien debe imputarla como lo que
realmente fue: un fraude de gran escala.
Ya Gary Stevenson, en su libro El Juego del Dinero, describía la vocación de acumulación de ciertas castas dispuestas a no reconocer límites al momento de esquilmar a las franjas más carenciadas.
Imagínate que el economista y escritor inglés cambiara la
tranquilidad de las aulas de London School of Economics por la realidad con
altísima dosis de ficción que nos define como sociedad.
Danilo, es un modelo que data de
años. Y el irrenunciable desafío consiste en cambiarlo.
Santo Domingo, 14 de octubre de 2025.
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