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ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO, (22/12/2025).- El Ministerio Público
solicitará a los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona
ratificar la sentencia que condena a 10 y 15 años de prisión a cuatro hombres
que formaban parte de la red de tráfico ilícito de migrantes agravado desmantelada
con la Operación Iguana.
El órgano acusador
solicitará al tribunal de alzada que rechace los recursos de apelación
interpuestos por las defensas de los procesados y que sea confirmada la
sentencia dictada el pasado año en primera instancia por el Tribunal Colegiado
de Jimaní, la cual condena a 10 años de prisión a Roberto Méndez Pérez,
coordinador de control en el puesto fronterizo de la Dirección General de
Migración (DGM) en esa localidad, y al inspector Johan Rosario Castillo, así
como a 15 años de prisión a Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y
Quelinton Eduardo Volquez Guzmán. La
sentencia, además, ordena que todos paguen una multa de 150 salarios mínimos.
Las procuradoras de
corte Yoanna Bejarán y Wendy González, titulares de la Procuraduría
Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT)
y la Procuraduría Regional de Barahona, quienes representan al Ministerio
Público en la litigación, explicaron que solicitarán que la sentencia sea
confirmada en todas sus partes.
Bejarán y González
reiteraron la importancia de sancionar los graves delitos que afectan
principalmente a personas en condición de vulnerabilidad, la mayoría mujeres,
niños, niñas y adolescentes.
Los jueces de la
Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona, Joselin Moreta (presidente),
Wanda Deñó y Santa Kenia Pérez Féliz, aplazaron este lunes la audiencia para el
próximo lunes 29 de diciembre, a partir de las 9:00 de la mañana, porque dos
abogados de la defensa de los procesados se encontraban ausentes.
La PETT desarrolló la
Operación Iguana en el año 2022 con nueve allanamientos simultáneos en
municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales, mediante los
cuales fue desarticulada la red que utilizó a la frontera domínico haitiana
como centro de operaciones.
Durante los
allanamientos el Ministerio Público arrestó a los acusados y ocupó como
evidencias siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros,
aproximadamente 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de
fuego calibre 9 milímetros.
La PETT y la
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa
(Pepca), con el apoyo del Departamento de Investigación de la Dirección General
de Migración (DGM), dio inicio a la investigación penal de este caso en
diciembre del año 2021 contra los miembros de la red, logrando la obtención de
pruebas que les vinculan al tráfico ilícito agravado de migrantes y al
secuestro de dos mujeres y dos niñas de nacionalidad cubana, así como de otros
hechos de tráfico ilícito de migrantes.
El expediente
acusatorio señala que los procesados recurrían a la amenaza y al chantaje para
la obtención de soborno. Igualmente, privaban de su libertad a las personas
retenidas o secuestradas y las mantenían en cautiverio hasta recibir el pago
exigido para la liberación, llegando inclusive a recurrir a las amenazas para
la recepción de los pagos.
El grupo fue acusado
de violar la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas,
el Código Penal Dominicano, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta
Tecnología, la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y
Materiales Relacionados, y el Código para la Protección y los Derechos
Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), así como la Ley
583 sobre Secuestro.
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