Mensaje subyacente en la declaración de no pago de la deuda

Por: BERNARDO HIRÁN SÁNCHEZ MELO

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En los medios de comunicación se debate con gran intensidad la declaración del candidato presidencial ingeniero Hipólito Mejía, de no pagar la deuda a proveedores del Estado, en caso de ganar las elecciones presidenciales el próximo 20 de Mayo.

Ciertamente, resulta interesante el derrotero que ha cogido el debate, del cual ciertos acólitos del tren releccionista gubernamental han servido de amplificadores, empecinándose en atacar no a la enfermedad que diezma al cuerpo, sino a la medicina que lo curaría. 

Llegando, ciertos adeptos a la candidatura oficialista, al extremo de plantear que peligra la continuidad del Estado dominicano y que por lo tanto se pone en juego la institucionalidad y estabilidad económica del país.

Lo cierto, a todo esto es que, la declaración del candidato del PRD, remueve en cierta medida varias de las cimientes que sustentan la candidatura oficialista, pues lo que se trataría es de tomar al rábano por la raíz y no por las hojas, dado el uso indiscriminado de los recursos del Estado dominicano a favor del candidato del Partido de gobierno, mediante la ejecución, concesión y contratación de obras y servicios con fines electorales.

El anterior planteamiento se evidencia en los altos niveles de corrupción del Estado dominicano, originados fundamentalmente en el favoritismo gubernamental, que como es sabido, se materializa en gran medida, en el sistema de compras y contrataciones, y que se posibilita mediante la adquisición dolosa de bienes y servicios (presupuestados y no presupuestados), y las construcciones de obras e infraestructuras, en condiciones fraudulentas, contrarias a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.

En efecto, como está ampliamente demostrado, la práctica corruptiva en el sector público se materializa en gran medida en el proceso de la ejecución del presupuesto. 

Esto así porque en esta etapa es que las instituciones, al emplear los recursos asignados para la adquisición de bienes y servicios, tanto para su operatividad, como para la construcción de obras e instalaciones, adquisición de maquinarias y equipos, es decir lo que se denomina Inversión Real, pueden realizar acciones dolosas en detrimento del erario.

De modo que, atendiendo a esta modalidad de timo, para el presente año fiscal, los funcionarios del Gobierno dominicano, según lo presupuestado, pueden crear fisuras, a través de las compras de bienes y servicios, en el monto asignado para bienes y servicios ascendente a RD$40,000 millones, es decir el 1.7% del PIB proyectado, y en los RD$69,876.8 millones (2.9% del PIB) de Inversión Real Directa (incluyendo inversión en proyectos por RD$57,817.1 millones).

De forma que, cerca de 110,000 millones de pesos dominicanos, consignados en el presupuesto para el 2012, un 4.6% del PIB, estarán sujetos a procedimientos del sistema de compras y contrataciones.

Todo esto bajo las múltiples debilidades institucionales que prima en el Estado dominicano, de las cuales no se hace la opinión pública caja de resonancia, en las actuales circunstancias electorales. 

Tal como sucedió con la poca acogida de las denuncias de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), en el pasado mes de febrero, en que esta organización propuso “el establecimiento de mecanismos para detectar irregularidades en las compras del Estado a empresas “de carpeta”, que están aumentando su costo hasta en un 30%”; esto, luego de denunciar que “los suplidores tradicionales han desaparecido, porque los incumbentes de oficinas estatales se asocian a “amigos y compadres” y forman compañías “de carpeta”, y a éstas es que les compran, a pesar de que sus productos son de una calidad más baja y hasta un 30% más costosos”. 

Asimismo, la FDC resaltó que “éstas compañías son las que están ganando las licitaciones, porque las empresas que no están asociados a ese grupo quedan fuera.” 

Por su parte, técnicos del Ministerio de Salud, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de USAID, expresaron que “las compras no son licitadas y numerosas instituciones estatales compran medicamentos sin control”.

¡Eh ahí la cuestión! El candidato del PRD, ingeniero Hipólito Mejía, con sus declaraciones de no pagar la deuda no documentada, lanza tres dardos al centro de la diana: 

Uno de ellos dirigido a quienes están, directa e indirectamente, financiando la campaña del candidato, al suplir bienes y servicios fuera de presupuesto;

Con el segundo, le manda un mensaje a los sectores sociales, políticos y económicos del país, de que deben exigirle al Gobierno que pare el ritmo de gasto de campaña, pues el déficit fiscal, al mes de marzo, ronda los RD$20,000 millones; 

Y el tercero, advierte sobre la galopante corrupción de las autoridades gubernamentales en el uso inmisericorde de los recursos del Estado, que a fin de cuentas son de todas y todos los dominicanos.

El autor es economista.