Por: BERNARDO HIRÁN SÁNCHEZ MELO
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En los medios de comunicación se debate con gran intensidad
la declaración del candidato presidencial ingeniero Hipólito Mejía, de no pagar
la deuda a proveedores del Estado, en caso de ganar las elecciones presidenciales
el próximo 20 de Mayo.
Ciertamente, resulta interesante el derrotero que ha cogido
el debate, del cual ciertos acólitos del tren releccionista gubernamental han
servido de amplificadores, empecinándose en atacar no a la enfermedad que
diezma al cuerpo, sino a la medicina que lo curaría.
Llegando, ciertos adeptos
a la candidatura oficialista, al extremo de plantear que peligra la continuidad
del Estado dominicano y que por lo tanto se pone en juego la institucionalidad
y estabilidad económica del país.
Lo cierto, a todo esto es que, la declaración del candidato
del PRD, remueve en cierta medida varias de las cimientes que sustentan la
candidatura oficialista, pues lo que se trataría es de tomar al rábano por la
raíz y no por las hojas, dado el uso indiscriminado de los recursos del Estado
dominicano a favor del candidato del Partido de gobierno, mediante la
ejecución, concesión y contratación de obras y servicios con fines electorales.
El anterior planteamiento se evidencia en los altos niveles
de corrupción del Estado dominicano, originados fundamentalmente en el
favoritismo gubernamental, que como es sabido, se materializa en gran medida,
en el sistema de compras y contrataciones, y que se posibilita mediante la
adquisición dolosa de bienes y servicios (presupuestados y no presupuestados),
y las construcciones de obras e infraestructuras, en condiciones fraudulentas,
contrarias a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.
En efecto, como está ampliamente demostrado, la práctica
corruptiva en el sector público se materializa en gran medida en el proceso de
la ejecución del presupuesto.
Esto así porque en esta etapa es que las
instituciones, al emplear los recursos asignados para la adquisición de bienes
y servicios, tanto para su operatividad, como para la construcción de obras e
instalaciones, adquisición de maquinarias y equipos, es decir lo que se
denomina Inversión Real, pueden realizar acciones dolosas en detrimento del erario.
De modo que, atendiendo a esta modalidad de timo, para el
presente año fiscal, los funcionarios del Gobierno dominicano, según lo
presupuestado, pueden crear fisuras, a través de las compras de bienes y
servicios, en el monto asignado para bienes y servicios ascendente a RD$40,000
millones, es decir el 1.7% del PIB proyectado, y en los RD$69,876.8 millones
(2.9% del PIB) de Inversión Real Directa (incluyendo inversión en proyectos por
RD$57,817.1 millones).
De forma que, cerca de 110,000 millones de pesos
dominicanos, consignados en el presupuesto para el 2012, un 4.6% del PIB,
estarán sujetos a procedimientos del sistema de compras y contrataciones.
Todo esto bajo las múltiples debilidades institucionales que
prima en el Estado dominicano, de las cuales no se hace la opinión pública caja
de resonancia, en las actuales circunstancias electorales.
Tal como sucedió con
la poca acogida de las denuncias de la Federación Dominicana de Comerciantes
(FDC), en el pasado mes de febrero, en que esta organización propuso “el
establecimiento de mecanismos para detectar irregularidades en las compras del
Estado a empresas “de carpeta”, que están aumentando su costo hasta en un 30%”;
esto, luego de denunciar que “los suplidores tradicionales han desaparecido,
porque los incumbentes de oficinas estatales se asocian a “amigos y compadres”
y forman compañías “de carpeta”, y a éstas es que les compran, a pesar de que
sus productos son de una calidad más baja y hasta un 30% más costosos”.
Asimismo, la FDC resaltó que “éstas compañías son las que están ganando las
licitaciones, porque las empresas que no están asociados a ese grupo quedan
fuera.”
Por su parte, técnicos del Ministerio de Salud, de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y de USAID, expresaron que “las compras no son
licitadas y numerosas instituciones estatales compran medicamentos sin
control”.
¡Eh ahí la cuestión! El candidato del PRD, ingeniero
Hipólito Mejía, con sus declaraciones de no pagar la deuda no documentada,
lanza tres dardos al centro de la diana:
Uno de ellos dirigido a quienes están,
directa e indirectamente, financiando la campaña del candidato, al suplir
bienes y servicios fuera de presupuesto;
Con el segundo, le manda un mensaje a
los sectores sociales, políticos y económicos del país, de que deben exigirle
al Gobierno que pare el ritmo de gasto de campaña, pues el déficit fiscal, al
mes de marzo, ronda los RD$20,000 millones;
Y el tercero, advierte sobre la
galopante corrupción de las autoridades gubernamentales en el uso inmisericorde
de los recursos del Estado, que a fin de cuentas son de todas y todos los
dominicanos.
El autor es economista.
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