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SANTO
DOMINGO, República Dominicana.- El ministerio de Obras Públicas merece un
reconocimiento por haber rescindido el contrato que su antecesor Víctor Díaz
Rúa había otorgado a una empresa denominada Dominicana de Vías Concesionarias
(DOVICON) para que se ganara más de 3 mil millones de dólares en 30 años, al
través del cobro de los peajes de las principales carreteras del país.
Al
informar sobre la decisión el ministro Gonzalo Castillo señaló que de esa forma
el Estado se queda con unos 70 millones de dólares anuales que ahora se podrán
gestionar e invertir con transparencia para beneficio de todos los dominicanos
y dominicanas.
Pero
el reconocimiento sería mayor si el funcionario hubiese presentado un informe
pormenorizado que pudiera justificar el pago de 70 millones de dólares por las
inversiones que supuestamente había hecho la empresa para cumplir la
responsabilidad de ampliación, reparación y mantenimiento de las tres
principales vías del país.
Lo
peor de todo es que a la DOVICON se le pagará también una indemnización de 65
millones de dólares por la rescisión del contrato, por lo que la erogación
total será de 135 millones de dólares, equivalentes a más de 5 mil 400 millones
de pesos que tienen toda la configuración de una enorme estafa en perjuicio de
este pueblo pobre que todavía vive en precariedad de agua potable, energía
eléctrica, alcantarillados, escuelas, hospitales, viviendas y transporte.
Nos
encontramos ante un escándalo de dimensiones similares al histórico caso de la
Sun Land Corporation, a la que el presidente Leonel Fernández y su ministro
Félix Bautista entregaron pagarés por 130 millones de dólares para venderlos en
el mercado internacional y usufructuar ese dinero, bajo el entendido de que
sería invertido en una serie de obras que no ejecutaron.
A
diferencia de lo que ocurrió cuando trascendió el financiamiento clandestino,
al margen del Congreso Nacional, esta vez casi nadie ha expresado consternación.
Unos pocos periodistas y medios y la Asociación de Empresas Industriales de
Herrera han expresado indignación y
reclamado transparencia total.
No
es sólo que a este país le deben la justificación de las supuestas inversiones,
sino una explicación, que debía ser casi denuncia judicial, de cómo fue posible
que se otorgara un contrato tan grosero, con la consiguiente identificación de
los accionistas y ejecutivos de la empresa, que según se tiene entendido son
colombianos y dominicanos.
La
normalidad con que hemos asumido ese pago de 135 millones de dólares, es un
indicio contundente de que aquí perdimos la capacidad de asombro. Ni siquiera
hay oposición política en capacidad de clamar sanciones. Tampoco un Congreso
Nacional vigilante que cumpla su responsabilidad de fiscalización y
representación, en vez de estar engrosando barrilitos y cofrecitos para
repartir migajas y traficar con la miseria.
Si
se le suman unos 50 millones de dólares que en los meses finales del año pasado
hubo que pagar como indemnización a otra concesionaria de carreteras (CODACSA)
a la que también se le rescindió un
contrato, el monto de pérdidas asciende a 185 millones de dólares, más
de 7 mil 400 millones de pesos.
En
ambos casos se trató de contratos amarrados con los funcionarios de turno,
tráfico de influencia, negocios oscuros de enormes dimensiones, que quedan en
la impunidad. Por eso es que esta nación
es campeona mundial en corrupción y malversación. Por eso la
descomposición se traduce en tanta violencia.
Como
consuelo, y en abono del Ministro Castillo, hemos sabido de fuentes de total
crédito que también ha renegociado el contrato de la carretera Ocoa-Piedra
Blanca reduciendo su costo en unos 150 millones de dólares, y la circunvalación La Romana, Bulevar del Este-Miches
con economía de otros 90 millones de dólares. De los brillantes contratos del
pasado gobierno. Un ahorro de casi 10 mil millones de pesos.
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