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KINGSTON, Jamaica.- La Comisión de
Justicia y Paz de la Arquidiócesis Católica Romana de Kingston está alarmada
por la sentencia 0168/13 recientemente dictada por el Tribunal Constitucional
de la República Dominicana, el 23 de septiembre de este año. Hacemos un llamado
a todos los líderes del Caribe para trabajar con la República Dominicana para
garantizar una solución a este juicio que respete los derechos humanos de los
descendientes de los migrantes.
Este fallo potencialmente priva a
cuatro generaciones de descendientes de inmigrantes indocumentados de la
ciudadanía en el único país que han conocido. Esto podría afectar hasta a
200,000 personas nacidas en la República Dominicana, casi todos ellos de
ascendencia haitiana.
La República Dominicana reconoció
previamente la nacionalidad dominicana de los descendientes de los inmigrantes
indocumentados. Ellos fueron registrados al nacer como ciudadanos dominicanos.
A muchos se le concedieron los documentos de identidad y electoral, y algunos
viajaron con pasaportes dominicanos.
La mayoría nunca ha tratado de
obtener ninguna otra nacionalidad. Sin embargo, como resultado de esta
decisión, los despojados de su ciudadanía se han convertido efectivamente en
“migrantes indocumentados y por lo tanto caen en la categoría de extranjeros en
tránsito”, a pesar de que no conocen ningún otro país.
La comunidad católica reconoce el
derecho de un gobierno a determinar sus propias políticas internas. Sin
embargo, la Iglesia católica entiende que este derecho de la soberanía no
otorga al gobierno la autoridad para violar los derechos humanos. De hecho, la
Iglesia Católica entiende el derecho del Estado a su soberanía se deriva de la
obligación que tiene, junto con todos los demás estados, de defender los
derechos humanos que todas las personas tienen como hijos de Dios. Por esta
razón, cualquier ley que viola los derechos fundamentales de una persona es una
ley injusta, y es obligación del Estado remediar esto.
Estos derechos humanos se expresan en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la cual República
Dominicana es signataria. El artículo 15 (2) de esta declaración dice: “Nadie
será privado arbitrariamente de su nacionalidad”. El despojo de la ciudadanía
de los descendientes de los migrantes indocumentados, especialmente teniendo en
cuenta que el Estado había reconocido previamente y oficialmente su ciudadanía
dominicana mediante el registro, priva arbitrariamente a una persona de su
nacionalidad.
Por lo tanto, como signatario de la Declaración Universal, y como
un Estado obligado a respetar los derechos humanos fundamentales, incumbe a la
República Dominicana encontrar una manera de poner remedio a la amenaza
planteada por la sentencia 0168/13 a los derechos fundamentales de miles de
personas.
La Comisión de Justicia y Paz de la
Iglesia Católica de Kingston anima a todos los católicos en la Arquidiócesis de
Kingston, y a todos los ciudadanos y residentes de Jamaica para instar a los
gobiernos del Caribe y al Gobierno de Jamaica, en particular, a trabajar
activamente para proteger los derechos de los miles de afectados por este
fallo.
Estamos juntos a los afectados por
esta decisión, y nos unimos a la comunidad internacional para pedir al gobierno
de la República Dominicana que encuentre una manera de anular esta decisión y
proteger sus obligaciones de respetar los derechos humanos fundamentales de los
hombres, mujeres y niños que son descendientes de inmigrantes.
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