ESPAÑA.- La corrupción en República
Dominicana es un mal endémico que en la última década se ha extendido de manera
preocupante a todos los estratos de su Administración pública, una
circunstancia que, de enquistarse, podría amenazar las bases democráticas del
país caribeño, de acuerdo con las conclusiones de un estudio que este martes
presentará en Washington el prestigioso Centro de Estrategia y Estudios
Internacionales (CSIS).
El dominio del poder legislativo y
del judicial por parte del partido en el poder, el Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), avivado por una oposición fragmentada y débil ha contribuido,
según el estudio, a asentar “una cultura de la corrupción” en el Gobierno que
está lastrando las perspectivas de crecimiento económico de la nación y la
relación con Estados Unidos, su principal socio comercial.
La abrumaría mayoría del PLD, primero
con los dos mandatos de Leonel Fernández Reyna (2004-2008, 2008-2012) y ahora
con el recién elegido Danilo Medina, han permitido a la formación abordar
reformas constitucionales para favorecer el control del resto de las ramas de
la Administración, facilitando la elección de los integrantes de las altas
instancias del sistema judicial dominicano, denuncia el estudio del CSIS. A
esta circunstancia se suma una oposición dividida y enfrentada (el apoyo de la
principal alternativa de Gobierno, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD),
a las modificaciones de la Constitución, en 2010, provocó la escisión de sus
integrantes), sin capacidad para denunciar el abuso y la falta de transparencia
del Ejecutivo.
El caos en la oposición dominicana y
la omnipresencia del PLD podría dar lugar, advierte el informe, a un Estado unipartidista.
“Las instituciones democráticas de República Dominicana están siendo
crecientemente amenazadas por el dominio de un sólo partido”, señala el
estudio. Esa ubicuidad, de acuerdo con varios líderes de la oposición citados
en el documento de CSIS, ha permitido al Gobierno apuntalar en esta última
década una vasta red clientelar “con implicaciones que inciden en el detrimento
de la economía”.
El Departamento de Estado alude en su
informe sobre República Dominicana al riesgo que para la inversión extranjera
se deriva de las “denuncias de corrupción, exigencias de sobornos, el retraso
en el pago por parte del Gobierno y su falta de seriedad, además de la del
sector privado, a la hora de cumplir con los contratos”. En este sentido, la
Fundación Global para la Democracia y Desarrollo ha acusado al expresidente
Fernández de lavado de dinero derivado de acuerdos comerciales autorizados por
la Administración.
El clientelismo se ha extendido hasta
tal punto que ha comenzado a horadar seriamente la economía dominicana,
denuncia el informe del CSIS, que cita las preocupaciones del sector privado
ante el crecimiento de la economía sumergida y de las prácticas de corrupción
estatal que imponen “tarifas y licencias cuestionables” para presentarse a
licitaciones públicas, desincentivando, con ese comportamiento, la
participación de las empresas particulares en el sector público y su
crecimiento. A esta circunstancia, añade los esfuerzos fallidos por parte del
Gobierno para hacer frente al déficit generado por la política de estímulos que
se aplicó para mitigar los efectos de la recesión y que se traducen en una
distribución desigual de la riqueza de la economía más importante del Caribe y
una de las de mayor pujanza del hemisferio.
La falta de confianza en un sistema
judicial controlado por el Gobierno y la extensión generalizada de la
corrupción a todos los sectores de la Administración, entre ellos el policial,
han favorecido el asentamiento de carteles de la droga en un país estratégicamente
situado entre Colombia, Venezuela y el sur de EE UU, la ruta del Caribe que ha
vuelto a impulsarse como alternativa a la mexicana, debilitada tras los últimos
años de guerra contra el narco.
El incremento de la presencia de los
narcotraficantes en República Dominicana, unido a su cuestionada política de
inmigración respecto a los haitiano-dominicanos, puede afectar a su relación
bilateral con EE UU, marcada por sus vínculos comerciales forjados a través del
tratado de libre comercio con Centroamérica.
El informe llama la atención sobre
un posible crecimiento de los inmigrantes dominicanos en EE UU -con un millón y
medio, son la cuarta nacionalidad de América Latina en este país- “si la
situación económica y política dominicana empeora”.
El estudio sostiene que para revertir
el camino hacia una República Dominicana de un partido único es necesario un
debate nacional sobre la independencia de su Poder Judicial, una revisión de su
Ley de Partidos y un análisis de cómo deba evolucionar el PRD “dada su actual
incapacidad para presentar una oposición viable al partido en el poder”. El
informe se lamenta de la merma que la corrupción en el país está ocasionando a
su potencial capacidad de liderazgo regional.
Fuente: El País
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