ESPAÑA.- Juliana Deguis Pierre nació hace 29
años, de padres haitianos, en la República Dominicana y nunca ha salido de su
tierra natal. Jamás aprendió francés ni créole y su única lengua es el bello y
musical español de sabor dominicano. Con su certificado de nacimiento, Juliana
pidió su carnet de identidad a la Junta Central Electoral (responsable del
registro civil), pero este organismo se negó a dárselo y le decomisó su
certificado alegando que sus " apellidos eran sospechosos ".

La sentencia del Tribunal
Constitucional dominicano es una aberración jurídica y parece directamente
inspirada en las famosas leyes hitlerianas de los años treinta dictadas por los
jueces alemanes nazis para privar de la nacionalidad alemana a los judíos que
llevaban muchos años (muchos siglos) avecindados en ese país y eran parte
constitutiva de su sociedad.
Por lo pronto, se insubordina contra una
disposición legal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (de la que la
República Dominicana forma parte) que, en septiembre de 2005, condenó a este
país por negar su derecho a la nacionalidad a las niñas Dilcia Yean y Violeta
Bosico, dominicanas como Juliana, e igual que ella hijas de haitianos. Con este
precedente, es obvio que, si es consultada, la Corte Interamericana volverá a
reafirmar aquel derecho y la República Dominicana tendrá que acatar esta decisión,
a menos que decida —algo muy improbable— retirarse del sistema legal
interamericano y convertirse a su vez en un país paria.
Hay que señalar, como lo hace The New
York Times el 24 de Octubre, que dos miembros del Tribunal Constitucional
dominicano dieron un voto disidente y salvaron el honor de la institución y de
su país oponiéndose a una medida claramente racista y discriminatoria. El
argumento utilizado por los miembros del Tribunal para negar la nacionalidad a
personas como Juliana Deguis Pierre es que sus padres tienen una "
situación irregular ". Es decir, hay que hacer pagar a los hijos (o a los
nietos y bisnietos) un supuesto delito que habrían cometido sus antepasados.
Como en la Edad Media y en los tribunales de la Inquisición, según esta sentencia,
los delitos son hereditarios y se transmiten de padres a hijos con la sangre.
La decisión convierte en apátridas a
más de 200.000 dominicanos de origen haitiano
A la crueldad e inhumanidad de
semejantes jueces se suma la hipocresía. Ellos saben muy bien que la migración
" irregular " o ilegal de haitianos a la República Dominicana que
comenzó a principios del siglo veinte es un fenómeno social y económico
complejo, que en muchos períodos —los de mayor bonanza, precisamente— ha sido
alentado por hacendados y empresarios dominicanos a fin de disponer de una mano
de obra barata para las zafras de la caña de azúcar, la construcción o los
trabajos domésticos, con pleno conocimiento y tolerancia de las autoridades,
conscientes del provecho económico que obtenía el país —bueno, sus clases
medias y altas— con la existencia de una masa de inmigrantes en situación
irregular y que, por lo mismo, vivían en condiciones sumamente precarias, la
gran mayoría de ellos sin contratos de trabajo, ni seguridad social ni protección
legal alguna.
Uno de los mayores crímenes cometidos
durante la tiranía de Generalísimo Trujillo fue la matanza indiscriminada de
haitianos de 1937 en la que, se dice, varias decenas de miles de estos
miserables inmigrantes fueron asesinados por una masa enardecida con las
fabricaciones apocalípticas de grupos nacionalistas fanáticos. No menos grave
es, desde el punto de vista moral y cívico, la escandalosa sentencia del
Tribunal Constitucional. Mi esperanza es que la oposición a ella, tanto interna
como internacional, libre al Caribe de una injusticia tan bárbara y flagrante.
Porque el fallo del Tribunal no se limita a pronunciarse sobre el caso de
Juliana Deguis Pierre. Además, para que no quede duda de que quiere establecer
jurisprudencia con el fallo, ordena a las autoridades someter a un escrutinio
riguroso todos los registros de nacimientos en el país desde el año 1929 a fin
de determinar retroactivamente quiénes no tenían derecho a obtener la
nacionalidad dominicana y por lo tanto pueden ser ahora privados de ella.
Si semejante paralogismo jurídico
prevaleciera, decenas de miles de familias dominicanas de origen haitiano
(próximo o remoto) quedarían convertidas en zombies, en no personas, seres
incapacitados para obtener un trabajo legal, inscribirse en una escuela o
universidad pública, recibir un seguro de salud, una jubilación, salir del
país, y víctimas potenciales por lo tanto de todos los abusos y atropellos.
¿Por qué delito? Por el mismo de los judíos a los que Hitler privó de existencia
legal antes de mandarlos a los campos de exterminio: por pertenecer a una raza
despreciada. Sé muy bien que el racismo es una enfermedad muy extendida y que
no hay sociedad ni país, por civilizado y democrático que sea, que esté
totalmente vacunado contra él. Siempre aparece, sobre todo cuando hacen falta
chivos expiatorios que distraigan a la gente de los verdaderos problemas y de
los verdaderos culpables de que los problemas no se resuelvan, pero, hemos
vivido ya demasiados horrores a consecuencias del nacionalismo cerril (siempre
máscara del racismo) como para que no salgamos a enfrentarnos a él apenas
asoma, a fin de evitar las tragedias que causa a la corta o a la larga.
El racismo aparece cuando hacen falta
chivos expiatorios que oculten los verdaderos problemas
Afortunadamente hay en la sociedad
civil dominicana muchas voces valientes y democráticas —de intelectuales,
asociaciones de derechos humanos, periodistas— que, al igual que los dos jueces
disidentes del Tribunal Constitucional, han denunciado la medida y se movilizan
contra ella.
Es penoso, eso sí, el silencio cómplice de tantos partidos
políticos o líderes de opinión que callan ante la iniquidad o, como el
prehistórico cardenal arzobispo de Santo Domingo, Nicolás de Jesús López
Rodríguez, que la apoya, sazonándola de insultos contra quienes la condenan. Yo
creía que los peruanos teníamos, con el Cardenal Juan Luis Cipriani, el triste
privilegio de contar con el arzobispo más reaccionario y antidemocrático de
América Latina, pero veo que su colega dominicano le disputa el cetro.
Quiero mucho a la República
Dominicana, desde que visité ese país por primera vez, en 1974, para hacer un
documental televisivo. Desde entonces he vuelto muchas veces y con alegría lo
he visto democratizarse, modernizarse, en todos estos años, a un ritmo más
veloz que el de muchos otros países latinoamericanos sin que se reconozca
siempre su transformación como merecería. El segundo de mis hijos vive y
trabaja allá y entrega todos sus esfuerzos a apoyar los derechos humanos en ese
país, secundado por muchos admirables dominicanos.
Por eso me apena
profundamente ver la tempestad de críticas que llueven sobre el Tribunal
Constitucional y su insensata sentencia. Éste es uno de esos momentos críticos
que viven todos los países en su historia. Lo fue también cuando ocurrió el
terrible terremoto que devastó a su país vecino, Haití, en enero de 2010. ¿Cómo
actuó la República Dominicana en esa ocasión ?
El Presidente Leonel Fernández
voló de inmediato a Puerto Príncipe a ofrecer ayuda y ésta se volcó con una
abundancia y generosidad formidables. Yo recuerdo todavía los hospitales
dominicanos repletos de víctimas haitianas y los médicos y enfermeras
dominicanos que volaron a Haití a prestar sus servicios. Esa es la verdadera
cara de la República Dominicana que no puede verse desnaturalizada por las
malandanzas de su Tribunal Constitucional.
Fuente: Los parias del Caribe
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