Theresa May, responsable de Interior,
dijo que el objetivo de la ley es crear un entorno realmente hostil para los
inmigrantes ilegales.
“No queremos queremos que la gente
que viene aquí se quede más tiempo del que debe porque sean capaces de acceder
a lo que necesitan”, sostuvo May.
“Toda una declaración de guerra a los
sin papeles. Y, para ganarla, ha decidido crear un ejército de los delatores a
la fuerza, formado por médicos, caseros, banqueros y hasta sacerdotes, a los
que la nueva ley convierte en colaboradores necesarios de esa política de
hostilidad hacia los indocumentados”, indica el periódico El País.
El diario español agrega: “A los
(indocumentados) que se quiere dificultar todavía más se acceso a la vivienda,
a la atención médica, a una cuenta corriente, a un matrimonio con el cual
legalizar su situación”.
Los sin papeles tendrán que pagar por
una habitación insalubre; tendrán que pagar un sobrecosto por las dificultades
de no tener una cuenta bancaria; se verán obligados a aceptar cualquier trabajo
por menos dinero.
El objetivo del Gobierno es doble:
hacer la vida más difícil a los sin papeles para forzar su marcha y, al mismo
tiempo, facilitar la deportación de aquellos que hayan sido detenidos.
Para crear el entorno realmente
hostil, los caseros han de asegurarse que de sus inquilinos residen legalmente;
los bancos han de consultar una base de datos para confirmar que un nuevo
cliente no es un inmigrante perseguido; la oficina responsable de los carnés de
conducir recibirá nuevos poderes para consultar el status de quienes piden un
permiso y para revocarlo a quienes estén en el país con más tiempo del
permitido; la iglesia deberá informar a Interior cuando ciudadanos de fuera de
la Unión Europea quieran casarse y es el ministerio quien decidirá si pueden
contraer matrimonio.
El Ministerio de Sanidad quiere que
los inmigrantes con permisos para estancias cortas, como los estudiantes,
paguen una contribución inicial, quizás en torno a 200 Libras (235 euros) para
acceder a la sanidad pública.
Ian Fletcher, director de Estrategias
de la Federación Británica de Propietarios de Viviendas, subraya que “sólo la
Unión Europea reconoce 404 maneras legítimas de identificación personal, y eso
no incluye al resto del mundo”.
Maurice Wren, director del Consejo de
Refugiados, considera que esas propuestas van agravar la situación de
demandantes de asilo y refugiados que tienen derecho a la atención primaria,
pero muchas veces se les niega porque no tienen la documentación que les exigen
algunos centros médicos para demostrar su identidad o su residencia.
Tomado del diario El País (lunes 28
de octubre del 2013).
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