SANTO
DOMINGO, República Dominicana.- El 70% de los funcionarios que debieron
presentar ante la Cámara de Cuentas de República Dominicana (CCRD) su
declaración jurada de bienes, hasta la fecha aún no lo ha hecho.
Con la nueva
Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que fue puesta en vigencia
el año pasado y derogó una disposición similar que databa del 1979, la Cámara de Cuentas ha identificado a 3 mil
139 funcionarios que están obligados a presentar el documento y de éstos, solo
954 han entregado su declaración jurada, hasta el 12 de noviembre.
El restante
2 mil 185 aún no lo ha hecho. “Los 954 que han cumplido lo tenemos válidamente
en nuestro servicio.
Los demás
que no han cumplido han sido reportados debidamente a tiempo a la Procuraduría
General de la República mediante varios informes de incumplimiento que hemos
realizado y también le ha sido notificado a sus titulares sobre ese
incumplimiento”, explicó Virginia Peña Pérez, consultora para la implementación de la Oficina de Evaluación y
Fiscalización del Patrimonio de Funcionarios de la entidad.
Durante un
taller, que organizó la CCRD este martes para mostrar a los periodistas el
funcionamiento de esta Ley 311-14, el organismo detalló que hasta el momento,
ha enviado 71 cartas a las distintas instituciones para notificar sobre el
incumplimiento de su personal y ha hecho cuatro informes, remitidos en
distintas fechas, para notificar al procurador Francisco Domínguez Brito sobre
los funcionarios “que se encuentran
omisos y que han depositado en forma extemporánea ante nuestras oficinas”.
La Ley
311-14 en coordinación con la Ley 41-08 de Función Pública establece sanciones
administrativas o penales para las personas que no hayan presentado su
declaración de patrimonio a tiempo o hayan incurrido en irregularidades para
ello. Hay penas de hasta 10 años de prisión y 10 más de inhabilitación de otros
10 años cuando salga de la cárcel, en el caso donde se demuestre
enriquecimiento ilícito del servidor público.
La normativa
311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio no establece fecha límites para los
funcionarios que no hayan presentado el documento, ni le otorga facultad
interventora a la Cámara de Cuentas, a fin de sancionar a los 2 mil 185
funcionarios que no han cumplido con la Ley.
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