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Por Tirso Mejía Ricart
ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El arresto por la justicia brasileña del publicista y
lobbista brasileño Joao Santana y su séptima esposa y cómplice, Mónica Moura,
ha hecho mundialmente famoso lo que muchos dominicanos sabíamos ya de sobra:
que una mafia bien organizada internacionalmente opera, ayudando a manipular
elecciones, así como cabildeando mediante sobornos la asignación sin licitación
o gracias a concursos manipulados, megaproyectos de infraestructura, obteniendo
de los gobiernos exenciones tributarias o evasión de impuestos y lavado de
activos que no tienen parangón en la historia, por valor de miles de millones
de dólares.
Según los datos preliminares que han salido a relucir, dicha
mafia ha intervenido en Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, El
Salvador, Angola y otros países, entre los cuales figura en forma destacada
República Dominicana.
Los principales beneficiarios de esas aventuras son las
empresas Odebrecht y Petrobras, que se sirvieron del Banco de Desarrollo del
Brasil, cuyos actores sobre el terreno son, además de los esposos Santana
Moura, el lobista Zwi Skornicki y una red de empresas “Off-Shore”.
En nuestro país,
Santana operaba desde un edificio propiedad de un poderoso y poco profesional
ministro del gobierno y desde una residencia en Punta Cana.
Que se sepa, Santana
recibió 23 millones de pesos del Estado dominicano por “sus servicios” y “ganó”
un concurso de publicidad de 13 millones de dólares, sin tener empresas en el
país.
La manipulación por el PLD de las instituciones, de los
políticos y de la opinión pública dominicana fue que produjo la unificación,
solo por el año 2016, de las elecciones presidenciales con las congresuales y
municipales; para facilitar así todo un festival de escisiones, transfuguismos
y degeneración de liderazgos que hemos venido padeciendo desde el año 2012.
El uso masivo del endeudamiento público “hasta para hacer una
letrina” como dice el pueblo, del que Odebrecht ha sido en gran parte
responsable, la alteración del presupuesto de Punta Catalina en casi mil
millones de dólares, el construir un “sube y baja” peligroso y costosísimo en
la Av. 27 de Febrero, en lugar de hacer lo contrario solo con pequeños túneles
norte-sur, como propuso el entonces director de AMET, Hamlet Hermann, y casi
todas las obras de infraestructura que se han construido, así como el gasto de
decenas de miles de millones de pesos en publicidad, en desmedro de generar un
auténtico desarrollo para la nación, son los efectos de ese delito de lesa
patria.
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