Hipólito Mejía respalda la prohibición de campaña de la Junta Central Electoral

ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Comprometido con el fortalecimiento de la independencia de los poderes y extrapoderes del Estado, manifiesto mi apoyo a la resolución dictada por la Junta Central Electoral (JCE), en fecha 20 de junio de 2018, que conmina a los aspirantes a cargos de elección popular a suspender, en un plazo de cinco días, todas las actividades proselitistas que incluyan caminatas, caravanas, propaganda en los medios de comunicación, vallas alusivas a candidatos y uso de altoparlantes.

De igual manera, le extiendo mi felicitación al pleno, integrado por los magistrados, doctores Julio César Castaños Guzmán, Presidente, Roberto Saladín Selín, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano De los Santos y Juan Bautista Cuevas Medrano, Miembros Titulares, por la responsabilidad mostrada al dictar esta correcta disposición. Estimo que esta es la manera natural de un administrador electoral ganarse la confianza de la ciudadanía.

Confío que esta será la primera de muchas resoluciones justas que tomará ese órgano para garantizar que las elecciones generales del 2020 sean íntegras.

En ese sentido, les exhorto a darle cumplimiento, de forma estricta, al artículo 211 de la Constitución de República, que dispone que ese órgano y las juntas electorales municipales, bajo su dependencia, tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, la transparencia, la equidad y la objetividad de las elecciones.

La Junta Central Electoral es un verdadero Poder Electoral, tomando en consideración la autonomía, independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, así como el poder reglamentario, que le otorgó el constituyente. Por lo tanto, cualquier debilidad en el cumplimiento de sus funciones es responsabilidad de quienes la integran.

Desafortunadamente, hasta ahora la JCE no ha cumplido con el mandato del artículo 211 de la Constitución Política, ni tampoco con el del artículo 212, párrafo IV, que la hace responsable de garantizar que “los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”.

Cuando la JCE no cumple con su obligación de hacer uso de su poder para garantizar la integridad de las elecciones, beneficia al partido gobernante, permitiéndole la utilización ilegal de los recursos públicos en las campañas, como ocurrió en las elecciones presidenciales del año 2012, que provocó un profundo déficit cuasifiscal, en perjuicio de todo el pueblo dominicano, pero principalmente de los más pobres.

Las elecciones del 2020 y todas las demás elecciones deben ser ganadas por los candidatos y no por los recursos del Estado. Esta debe ser la sagrada misión de del presidente y los demás integrantes del Pleno de la JCE.

De nada valdría tener buenas normas políticas, como esperamos sea la Ley de Partidos, si la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, no la hacen cumplir con justicia, imparcialidad y profesionalidad.

Finalmente, exhorto a la comunidad política a que, en lugar de dañar la credibilidad de la Junta Central Electoral, contribuyamos con su fortalecimiento, realizando nuestras actividades en armonía con las disposiciones dictadas por ella.