Escrito por Eddy Olivares, ex juez de la Junta Central Electoral.
ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Cuando se inició la
discusión en torno a la Ley de Partidos, de inmediato, la sociedad civil hizo
suyo el tema relativo al financiamiento de los partidos políticos. Entonces,
todo parecía indicar que tendríamos un enriquecedor debate sobre democracia
interna y transparencia.
Sin embargo, poco tiempo después, los partidos redujeron el
debate a la modalidad de elección para la escogencia de los candidatos a los
cargos de elección popular, aparentando que lo que se pretende aprobar, más que
una Ley de Partidos, es una Ley de Primarias.
Lamentablemente, la sociedad civil abandonó el tema de la
transparencia y quedó también atrapada en este debate improductivo que amenaza
con abortar, una vez más, la aprobación de la Ley de Partidos o, en el mejor de
los casos, generar una ley que no garantizará ni la democracia interna ni la
transparencia de los partidos políticos, tal y como lo dispone el constituyente
en el artículo 216 de la Carta Sustantiva.
Por lo tanto, la transparencia ha quedado huérfana en el
debate sobre la Ley de Partidos, lo que presagia que, en caso de aprobarse la
ley, nada cambiará en lo relativo al financiamiento público. Tampoco en lo
concerniente al financiamiento privado, el cual se regularía por primera vez en
la Ley de Partidos.
El financiamiento privado constituye una de las principales
preocupaciones de la sociedad, debido al probable incremento del dinero ilícito
en las campañas electorales. Esta fue la razón por la que la sociedad civil, al
principio, reclamó la aprobación, en la Ley de Partidos, de la publicación de
las listas de contribuyentes privados de los partidos políticos, lo cual es muy
poco probable que suceda.
De su lado, el financiamiento público, que es el único legal,
requiere de una repartición más equitativa, tomando en consideración que, de
conformidad con el artículo 50 de la Ley Electoral 275-97, modificado por el
artículo 1 de la ley No. 289-05, las contribuciones ordinarias del Estado se
distribuyen de la manera siguiente: 1.- El 80 por ciento en partes iguales
entre los partidos que hayan sobrepasado el umbral del 5 por ciento de los
votos válidos emitidos en las últimas elecciones. 2.- El restante 20 por
ciento, entre los partidos que hayan obtenido menos del 5 por ciento,
distribuido en base a un 12 por ciento en partes iguales para los que
obtuvieron menos del 5 por ciento y el 8 por ciento restante, en proporción a
los votos válidos obtenidos por cada uno de los partidos que obtuvieron menos
del 5 por ciento en las últimas elecciones.
Sobre los porcentajes de distribución del financiamiento
público, también se puede asegurar que nada cambiará, ya que los dos grandes
partidos, el de la Liberación Dominicana (PLD) y el Revolucionario Moderno
(PRM), están de acuerdo con que el Revolucionario Dominicano (PRD) y el
Reformista Social Cristiano (PRSC) reciban los mismos montos que ellos.
Como se puede apreciar, a nadie parece importarle que la Ley
de Partidos contenga aspectos tan importantes, en tiempos de rendición de
cuenta, como el ingreso de fondos y la transparencia de los gastos en los
partidos políticos.
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