ATMÓSFERA
DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El presidente del Movimiento Patria Para Todos (MPT),
Fulgencio Severino, responsabilizó al gobierno de la suspensión de servicios de
parte de profesionales de la salud y clínicas
a los afiliados al Seguro Familiar de Salud.
” El
conflicto entre ARS y prestadores privados se mantiene desde hace varios años y
las autoridades del gobierno y de la Seguridad Social mantienen el apoyo a las
intermediarias privadas en detrimento de asegurados y prestadores”, dijo.
Explicó que desde el 2007, cuando se inició el Seguro Familiar de Salud, estas
intermediarias reciben jugosas ganancias por la gestión del seguro, al
aumentársele el per cápita y ellas no reajustar las tarifas y negarles
permanentemente la cobertura de muchas prestaciones a los afiliados.
Severino
precisó que en el 2007 el per cápita
aprobado fue de 483 pesos y hoy es de 1013 pesos y, sin embargo, estas
intermediarias mantienen las mismas tarifas, y esto se ha producido con la
complicidad del Consejo Nacional de Seguridad Social dirigido por dos
ministerios del gobierno y la Superintendencia de Salud.
“La
negación de prestaciones a la población es permanente, se utilizan argumentos
hasta de nombres diferentes en las indicaciones médicas y el del catálogo de
prestaciones”, manifestó.
Sostuvo que la
huelga, junto a los hospitales públicos cerrados muchos desde el 2014, la
negación de medicamentos a la mayoría de la población y la falta de
aseguramiento a más de 4 millones de personas, es la causante de los altos
niveles de mortalidad de nuestra población y el no aumento de la expectativa de
vida en proporción al crecimiento económico que resalta el gobierno.
“Esta
huelga empeorará los indicadores de salud del país. Las muertes por
enfermedades seguirán aumentando y la expectativa de vida de la población
dominicana sin aumentar”, citó Severino.
Agregó
que el gobierno es constitucionalmente el responsable de garantizar la atención
en salud a la población y que el abandono de hospitales y su actitud de
cómplice con las ARS, constituyen violaciones de los derechos de los
dominicanos a acceder a servicios de salud de calidad.
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