ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El dirigente perredeísta
Guido Gómez Mazara y el doctor Domingo Rojas Pereyra, por vía de la Fundación
Nacional de los Derechos de la Juventud y la Fundación Nacional de los Derechos
Civiles, solicitaron formalmente por ante la Magistrada Procuradora Fiscal del
Distrito Nacional, Rosalba Ramos para que se investigue el rol, operaciones,
actos de parcialidad, cumplimiento del pago de impuestos y recepción de fondos
provenientes de la empresa constructora ODEBRECHT a favor del economista Andrés
Dauhajre porque bajo la condición de
asesor de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)
jugó un papel sospechoso durante el proceso de licitación de la planta Punta
Catalina.
Para los abogados, el
reportaje de la periodista Alicia Ortega revela manejos y ventajas en una
operación en la que la condición de asesor de CDEEE terminó colocando en los
bolsillos de Dauhajre montos que rebasan la suma de 3 millones de
dólares, bajo el status de “contratado” por la empresa brasileña que, meses
antes, obtener la licitación dependía de opinión institucional del economista y
que su relación laboral con una entidad pública cae dentro del ámbito de
responsabilidad del PEPCA, pero desafortunadamente la extraña pasividad de
dicha entidad, nos colocó en la situación de depositar por ante la procuradora
fiscal del Distrito Nacional todo el expediente.
Señalaron que han sido los mismos delatores de todo el
proceso de Odebrecht los que establecieron que los mecanismos de pago se
ejecutaban por vía del Departamento de Sobornos, claramente definidos por la
empresa con la meta de conseguir contratos, y en el caso de Punta Catalina, es
necesario recordar la cantidad de recursos públicos destinados para su
construcción porque no existió la posibilidad de conseguir financiamiento
internacional para la obra, lo que resulta contraproducente con los
“resultados”, la aparición de un contratado que no logra el objetívo pero es
remunerado con sumas millonarias.
Gómez Mazara y Rojas
Pereyra advirtieron que los rastros que sirven de materia prima para la
actuación responsable de la Magistrada Rosalba Ramos, respecto de investigar al
economista Andrés Dauhajre se retraran en la adquisición de un inmueble ubicado
en la calle 135 west 52 calle de la ciudad de New York, adquirido por la
compañía Baker Street Financial,
operación inmobiliaria documentada y que su origen está en los fondos
pagados por ODEBRECHT, de ahí que dichas maniobras caben perfectamente en el
ámbito del Código Penal cuando aborda el Soborno o Cohecho desde el artículo
177 hasta 183 y la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, sin olvidar que el
órgano coordinado por la Magistrada Guerrero faculta en su artículo 4 decreto
324-07 su responsabilidad de accionar cuando se actúa contra el interés del
Estado y Patrimonio Público. Por eso, la actual querella con constitución en
actor civil.
Los abogados reiteraron que a la luz de los hechos claramente
verificables, el ministerio público debe activar sus mecanismos para actuar
debido a que la “pasividad” poco entendida del PEPCA, olvida que el artículo 262 y siguientes del Código
Penal habilitan a toda persona que conozca de un hecho ilegal puede ponerlo en
conocimiento de las autoridades y que la ley 821 en su artículo 57 establece
que es el Ministerio Público el llamado a perseguir las infracciones por lo que
exhortó a las autoridades actuar con la firmeza e integridad que demanda la
sociedad debido a la enorme contribución hecha por la comunicadora Alicia
Ortega al revelar los laberintos y ventajas financieras de ciudadanos que, nos
vendían un status de imparcialidad técnica, durante la asignación de la planta
Punta Catalina y terminaron tomando ventajas millonarias “desconocidas” por las
autoridades.
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