Industriales tienen como reto en el 2013 modificar la Ley de Desarrollo Fronterizo

 SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La presidenta de la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD), Ligia Bonetti; Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva; del economista Roberto Despradel, y otros importantes líderes industriales expresan que la Ley 28-01 provoca más daños que los beneficios esperados, normativa que sólo beneficia a las empresas que se instalen en la zona fronteriza.

“La ley 28-01 es inconsistente con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Una modificación brindará mayor equidad, para el bien de la región y de las demás provincias del país”, explicaron los representantes del sector industrial.

De acuerdo la AIRD, la Ley 28-01 desvirtúa el objetivo de la Estrategia Nacional de Desarrollo de racionalización de los incentivos fiscales y la minimización de los efectos negativos de estos en la recaudación.

“Asimismo, no garantiza la sostenibilidad de los proyectos de inversión en el largo plazo y representa un obstáculo para las inversiones y existentes (empresas instaladas) fuera de la zona geográfica de aplicación”, dicen los industriales en un documento entregado a la prensa.

Advirtieron que la ley 28-01 crea una distorsión en el aparato productivo nacional generar un clima de competencia desigual y la creación desproporcionada de beneficios a escasas empresas.

“La ley 28-01 establece incentivos desproporcionados para actividades similares a las ya existentes en la industria nacional, por lo tanto, afecta negativamente el encadenamiento productivo”, consideraron.

La AIRD dice que la ley 28-01 ha generado 4 mil empleos y se pregunta: ¿A expensas de empleos fuera de la frontera?, con beneficios fiscales ascendentes a RD$ 1, 100 millones, generando una competencia desleal en la cercanía geográfica.

“Las empresas bajo la 28-01 representan el 4.5 por ciento del gasto tributario, lo que representa RD$ 1,100 millones anuales, si considera que 46 empresas más o menos están operando, equivale a unos RD$ 20.3 millones por empresa por año”, explica la AIRD.

Los industriales estiman que el 62% de los beneficios impositivos otorgados por la ley se concentran en las principales cinco empresas y un 83% se concentra en las principales diez empresas.

La organización líder del sector industrial dominicano explica que entre los beneficios impositivos de la ley 28-01 se encuentran las exenciones arancelarias y menciona que las importaciones realizadas por las empresas incluyen productos con tasas arancelarias del 8%, 14% y 20%.

Además, advierte que las exenciones no solo afectan las recaudaciones fiscales, impactan negativamente el encadenamiento productivo, al exonerar importaciones de bienes finales, bienes intermedios e insumos producidos en el país.

Otros detalles que ofreció la AIRD son que los empleos directos de las empresas registradas bajo esta ley, según la Tesorería de la Seguridad Social, totalizan 4, 369 empleados y al dividir el total de gasto tributario de la ley 28-01 entre el número de empleos directos, arroja un gasto tributario estimado de RD$ 248,000 pesos anuales por cada empleo directo generado.

“Si a esto sumamos que una parte de dichos empleos no se encuentran  directamente en la frontera ya que muchas empresas tienen oficinas y redes de distribución en otras regiones del país, la cifra del costo tributario por cada empleo generado en la frontera es aun mayor”, sostiene la AIRD.

 Sobre la competencia desleal en el mercado doméstico, la AIRD revela no se registraron exportaciones significativas por parte de las empresas industriales amparadas por la ley 28-01, pues el objetivo primario ha sido el mercado doméstico y no el de la exportación.

La AIRD explica que estas empresas industriales, con los menores volúmenes de exportaciones, reciben los mayores montos de beneficios impositivos, y estima que los cinco principales beneficiarios de esta ley, todos industriales, concentran el 62 por ciento de las exenciones fiscales.

 Sugiere establecer incentivos fiscales que no produzcan distorsiones ni competencia desleal y menciona, por ejemplo, exenciones sobre el Impuesto Sobre la Renta.

La AIRD sugiere modificar los aspectos que afectan negativamente los encadenamientos productivos. Mencionando los impuestos al comercio exterior (aranceles).

La AIRD entiende que los incentivos deben ir destinados al fomento de la inversión y empleo en la frontera (distribución).

Recomienda fortalecer y mejorar la administración y los controles en la aplicación de la ley, como son la separación de los poderes y controles administrativos.