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SANTO DOMINGO, República Dominicana (EFE).- El último
informe de la ONG Transparencia Internacional (TI) plasma la alarmante realidad
de la corrupción mundial y pone el ojo sobre más de dos tercios de los 177
países estudiados, siendo República Dominicana uno de los que más empeora con
una puntuación de 29, tres puntos inferior a la de 2012.
A nadie se le escapa que la corrupción es uno de los
principales obstáculos en el desarrollo económico de un país y que ésta afecta
de forma especial a las naciones más pobres, provocando un escenario preocupante
que para muchos genera desconfianza en la ciudadanía y lastra las relaciones
internacionales y las bases democráticas.
En pleno siglo XXI la corrupción se ha convertido en
uno de los principales desafíos en todo el mundo y diferentes organismos internacionales
se ocupan de vigilar a esos grupos que desgastan las instituciones.
En el caso de la República Dominicana algunas de las
instituciones más cuestionadas son: los partidos políticos, la Policía y el
sistema judicial.
Para el sociólogo César Pérez, la corrupción en el
país se debe a una "política clientelar" basada en alianzas que
establecen los partidos mayoritarios con un grupo numeroso de "pequeñas
franquicias", que tienen, a su vez, sus "clientes".
Al acceder al Gobierno, los partidos pactan con esas
franquicias para favorecerlas.
"La corrupción se ha institucionalizado en el
organigrama del Estado" en la República Dominicana, según dijo Pérez a
Efe.
La solución para el experto sociólogo pasa por
"un pacto político, así como por un fortalecimiento del Estado y un
empequeñecimiento del Gobierno".
El escenario es complicado de corregir, si bien es
cierto que medidas como las mencionadas por Pérez, tal vez solucionarían o
cuanto menos reducirían ese escandaloso nivel de clientelismo político y
nepotismo que invade a estos grupos.
Para los expertos, es necesaria firmeza e iniciativas
como planes de transparencia y anticorrupción, una ley de partidos,
independencia del Poder Judicial, duras acciones contra el lavado de dinero,
mecanismos efectivos de observación y control, participación de la sociedad e,
incluso, el aumento de los sueldos de funcionarios públicos como la Policía.
La ONG alemana Transparencia Internacional (TI) es una
de esas organizaciones "vigilantes", que publica de forma anual un
Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en 177 países, puntuándolo de cero
a 100, de muy corrupto a muy transparente.
En la edición de 2013 es inquietante la tendencia de
los países de Centroamérica a empeorar y el hecho de que más de dos tercios de
los 177 países suspenden, siendo la República Dominicana uno de los que mayor
caída registra con una puntuación de 29 (3 puntos menos que en 2012), sólo por
detrás de Guatemala y Panamá.
Los más corruptos de América Latina, según este
informe: Venezuela y Paraguay.
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO)
señalaba esta misma semana que la falta de sanciones ejemplarizantes, producto
de la poca voluntad política, acompañado de la falta de un régimen de
consecuencias efectivo, colocan a la República Dominicana entre los Estados más
corruptos del mundo.
También, recientemente el Centro de Estrategia y
Estudios Internacionales (CSIS), en Washington, aseguraba que la concentración
de poder, el clientelismo y una oposición fragmentada son las principales
amenazas de la República Dominicana y lo que ha contribuido a asentar una
cultura de la corrupción que, incluso, lastra las relaciones con Estados
Unidos.
Tanto es así que el exembajador estadounidense en la
República Dominicana, Raúl Yzaguirre, ya en noviembre de 2012 expresó
abiertamente durante una conferencia, las sospechas que existían en sectores de
su país acerca de comportamientos supuestamente corruptos en la Administración
dominicana.
Para los movimientos cívicos radicados en el país todo
ello se podría mejorar con una mayor independencia de la justicia, una
despolitización de la misma, mayores sanciones penales en el ámbito legal y
judicial, mejora de la educación en la población, y mejores políticas de
transparencia y de control, además de leyes que regulen los sueldos de
funcionarios y que protejan a los denunciantes de actos de corrupción.
Autor: Mercedes Zaragüeta.
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