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Si el Procurador General de la
República respetara las obligaciones que le impone su condición de jefe del
Ministerio Público, ya estuviera tras la pista de los diputados que recibieron
órdenes de compra de electrodomésticos y la vendieron para su provecho.
Sabemos que, de por sí, el
barrilito y el cofrecito son una forma “legalizada” de apropiación ilícita de
dinero público. Pero lo que ha denunciado el diputado Herrera Díaz desborda los
límites imaginables.
Recibir los diputados una orden de
compra, con un destino y destinatario, y
venderla y quedarse con los recursos o simplemente darle un uso distinto, es
sencillamente, un acto de robo de dinero público, sancionado por la ley, y sus autores han comprometido su
responsabilidad penal.
No vaya a creerse que se trata de
un hecho nuevo. Algo muy parecido es lo que hacen muchos legisladores con las
exoneraciones de vehículos que reciben cada dos años, sin importarles que la
ley les prohibe expresamente venderlas.
A pesar de la gravedad de la
denuncia, no espere nadie que los presidentes de las cámaras de senadores o de
diputados, vayan a hacer algo, pues ellos son autores y beneficiarios del
barrilito y el cofrecito.
La Constitución aprobada por muchos de estos
legisladores proscribe expresamente la
corrupción, pero está más que demostrado que para ellos la carta magna es letra
muerta.
Ante esta denuncia, el Procurador General de
la República, como otras tantas veces,
simulará desconocer lo que dispone la Constitución, por eso, le transcribimos el siguiente artículo:
“Art. 146. Proscripción de la
corrupción. Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado.
En consecuencia: 1) Será
sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga
fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y
organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para
sí o para terceros provecho económico;
2) De igual forma será sancionada
la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados,
amigos o relacionados; (...)”
¡Hasta dónde llegará la depredación impune del
patrimonio público! ¡Hasta cuándo la ciudadanía permitirá que este espectáculo
continúe!
Jueves 5 de junio de 2014
EL AUTOR es el presidente del
Partido Alianza País. Reside en Santo Domingo.
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