
Lo
primero que debo decir al respecto es que contrario a la percepción que ha
querido crearse, mi observación a la referida reforma constitucional no obedece
al hecho de que sea un ambicioso, un mezquino o un obstinado que desafía todos los obstáculos , aunque las
circunstancias, supuestamente, no le favorezcan.
Nada
más descabellado. Mi observación no obedece a razones tan innobles. Resulta, más
bien, de una convicción; de valores y de
principios que he sustentado con mi
propia conducta o proceder, a lo largo del tiempo, cuando requerido por la dinámica de los
acontecimientos, he tenido que adoptar decisiones sobre el particular.
Por
ejemplo, muchos recordarán que durante mi primera gestión de gobierno, allá por
el 1998, el presidente del Senado, Amable Aristy Castro, del Partido Reformista
Social Cristiano, me hizo pública la propuesta de reformar la Constitución de
la República a los fines de hacer posible la reelección presidencial.
El
senador Aristy Castro incluso me visitó a mi casa para persuadirme de la
necesidad de realizar la susodicha reforma. Al senador Aristy Castro le
agradecí su gesto de confianza hacia mi persona, pero inmediatamente le expresé
mi desacuerdo con su proyecto de reforma constitucional.
Pero
el senador reformista no se daba por vencido. Poco tiempo después volvió, pero
esta vez acompañado del Dr. Donald Reid Cabral, quien también se sumó a la
causa de la necesidad de la reforma del texto sustantivo de la nación.
A
ambos les reiteré mi negativa, pero había tal vehemencia y ardor en sus
planteamientos que me pidieron visitar al Dr. Joaquín Balaguer, para escuchar
directamente de sus labios el mensaje que me habían estado transmitiendo.
Visité
a la legendaria figura de la política dominicana y hombre poseedor de una
cultura enciclopédica, en su residencia de la Avenida Máximo Gómez No. 25. Allí
conversamos sobre diversos tópicos, pero
muy especialmente sobre el tema que nos concernía: el de la reforma
constitucional para viabilizar la reelección presidencial.
Escuché
con gran atención e interés al viejo zorro de la política discernir sobre la
inevitabilidad de modificar nuestra Carta Sustantiva, en razón de las graves
amenazas de inestabilidad y retroceso que se cernían sobre el país ante la
posibilidad de que la oposición saliese triunfante en las urnas.
En
todo caso, lo que le manifesté, en medio de la gratitud y el respeto, fue mi
desacuerdo, fundamentado en el hecho de que no me parecía aconsejable modificar
la Constitución para beneficio propio; y en razón de que la última vez que en
la historia de la República se había intentado hacer, en la época de Horacio
Vásquez, le abrimos las puertas a la
larga tiranía de Rafael Leónidas Trujillo.
Mis
argumentos no le parecieron convincentes. No estuvo satisfecho con mi decisión,
pero finalmente la aceptó. Acordamos
mantener la comunicación ante cualquier otra eventualidad. Nos dimos un fuerte
abrazo; y finalmente, nos despedimos.
Como
siempre, tomé la decisión que entendía correcta, guiado por mis principios.
Años más tarde, con el apoyo de más de
dos millones de votantes, por primera vez en la historia electoral de la
República Dominicana, sin tener que haber modificado la Constitución, retornamos
al poder en el 2004.
Con
este triunfo del pueblo dominicano, desde el gobierno logramos recuperar la
confianza, que estaba completamente perdida. Se redujo la tasa de cambio, que
de 57 pesos por cada dolar, se colocó, de manera inimaginable, a tan solo 28
dólares por cada peso. La inflación bajó. La economía se estabilizó y volvió a
crecer por encima del 7 por ciento del Producto Interno Bruto. Se generaron
nuevos empleos. Se aplicaron, de manera activa y eficiente, políticas sociales
que hoy son ejemplo para toda la región; y se disminuyó, en forma significativa,
el nivel de pobreza.
Como
consecuencia de esos logros, obtuvimos, nuevamente, el respaldo mayoritario del
electorado en los comicios de medio término del año 2006. En esa oportunidad,
conquistamos, por vez primera, como Partido de la Liberación Dominicana, el
mayor número de Senadores, Diputados y Alcaldes en el espectro político
nacional.
Debido
a esa resonante victoria, proclamé que la ruptura histórica experimentada con
el golpe de Estado contra el gobierno del profesor Juan Bosch, en el 1963, se
había vuelto a reencontrar con el triunfo de las fuerzas peledeístas en el
2006.
Entonces
afirmé que el boschismo había vuelto a ser mayoría en la República Dominicana,
y que esa era la ocasión precisa para continuar la Revolución democrática
institucional que el líder y fundador de nuestro glorioso Partido de la
Liberación Dominicana, profesor Juan Bosch, el más agudo pensador y analista
político nacional, había iniciado desde sus luchas en el exilio y tras la
muerte de Trujillo.
En
razón de que la Constitución fue modificada en el 2002 por mi antecesor, no
tenía ningún impedimento constitucional ni legal para presentarme a un segundo
mandato consecutivo en el año 2008. Así lo hice, obteniendo nuestro Partido de
la Liberación Dominicana un nuevo triunfo, a pesar del impacto de la crisis
económica global, que condujo a un incremento inusitado de hasta 147 dólares el
barril de petróleo, y a alzas desmesuradas del precio de los alimentos, fruto
de la especulación financiera de contratos a futuro de productos básicos.
El
2010 fue memorable. En esa ocasión, todo el mapa electoral de la República
Dominicana fue teñido de morado. Se
había logrado lo que nunca antes organización política alguna había alcanzado
en la historia política de la República
Dominicana: haber ganado 31 de de las 32 provincias del país.
Todo
eso, naturalmente, era posible por la estabilidad, el crecimiento, el
desarrollo, el progreso, la modernización, la institucionalización y el bienestar que venía experimentando
nuestro país, bajo la conducción del Partido de la Liberación Dominicana.
Los
representantes de organismos multilaterales, las delegaciones diplomáticas
acreditadas en el país, las agencias calificadoras de riesgo, los diversos
núcleos empresariales, los dirigentes sindicales, los visitantes extranjeros y
los compatriotas que retornaban al lar patrio, todos sólo expresaban palabras
de encomio y de asombro frente a los cambios que se erigían ante sus ojos, como
testigos de excepción.
Y
así, de esa manera, las agujas del reloj se movían de manera indetenible hacia
la celebración de nuevos comicios presidenciales en el 2012. Pero desde un año
antes, en el 2011, la efervescencia de la campaña empezó a sentirse. Se
realizaban distintos actos en favor de una nueva reelección. Las diversas
encuestas que se hacían, nos colocaban como favorito para ganar en primera
vuelta.
Como
parte de esos eventos, 27 Senadores me giraron una visita al Palacio Nacional
sólo con el propósito de expresarme su solidaridad y apoyo ante cualquier decisión
que adoptase con respecto al tema de la reelección. Igual ocurría con la
mayoría de los Diputados y Alcaldes de nuestra organización política, quienes querían
arrimar sus hombros y hacer causa común conmigo ante la eventualidad de una
nueva candidatura presidencial.
Finalmente,
aconteció lo insólito. Se celebró un solemne,
apasionante y masivo acto en el Centro
Olímpico Juan Pablo Duarte, para hacer entrega de 2 millones 400 mil firmas de
ciudadanos, en el que se nos solicitaba aceptar una nueva candidatura a la
Presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana.
A
pesar de todo el apoyo manifestado, de los grandes encuentros realizados y de todos los testimonios de
respaldo, lo que hice fue pronunciar un discurso en el que expresé mi
preocupación en el sentido de que si intentase responder positivamente a las
peticiones de diversos sectores en favor de una nueva candidatura presidencial
en el año 2012, se estaría reproduciendo una antigua y rechazada práctica
histórica nacional de pretender perpetuarse en el poder.
No
es esta la primera vez que lo digo. Eso lo expresé en el 2011, cuando tenía un
respaldo abrumador, dentro y fuera de nuestro Partido; y cuando todas las
encuestas señalaban que ganaría en primera vuelta con porcentajes parecidos a los
de elecciones anteriores.
A
pesar de todo eso, no cambié la Constitución para reelegirme. No lo hice en el 1998, cuando me pedían a
voz en cuello que me amarrara los pantalones;
ni lo hice en el 2011, cuando no claudiqué, ni ante el reclamo de las multitudes, ni ante los
números de las encuestas.
La
razón era muy sencilla. No lo hice por mi profundo respeto por la Constitución
de la República; y por mi inocultable temor de que la democracia, por la que
tanta sangre se ha derramado, fuera a sucumbir una vez más.
En
el 2012 hice fue lo que me correspondía hacer, tanto por mi condición de
Presidente del Partido de la Liberación Dominicana, como por lo que me dictaba
mi propia conciencia, que era apoyar en cuerpo y alma a nuestro candidato
presidencial, compañero Danilo Medina, a los fines de que pudiera coronar con
éxito sus aspiraciones de subir las escalinatas del Palacio Nacional.
Nuestro
candidato estaba 25 puntos por debajo en
las encuestas. Pero decidimos trabajar unidos, como corresponde siempre dentro
del Partido de la Liberación Dominicana. Creamos tres frentes de batalla. Recorrimos
todo el territorio nacional. Concitamos, una vez más el apoyo nacional; y
volvimos a ganar en primera vuelta.
Sé
que en determinados círculos de opinión se sostiene el argumento de que el
propósito de la reforma a la Constitución del 2010 fue el de rehabilitar mis
posibilidades de retorno al poder. Nada más incierto. La reforma constitucional
del 2010 no se hizo con esa finalidad.
Al
revés, esa fue una reforma integral, pactada con todos los sectores de la vida
nacional, mediante un mecanismo de consulta popular, como no se había hecho
nunca en la historia nacional, que abarcó la casi totalidad de la Carta
Sustantiva, motivo por el cual muchos abogaban que se hiciese bajo la forma de
una Asamblea Constituyente.
En
lo concerniente al actual sistema de
elección presidencial, no fue mi criterio el que prevaleció. Fue el de otras
fuerzas que consideraron que era más adecuado volver al modelo alternativo de
la Constitución del 1994, que continuar con el mecanismo impuesto en la reforma del 2002.
Pero
mi desapego y desinterés por ocupar cargos no proviene únicamente de haber
desestimado en dos ocasiones reformar la Constitución para reelegirme. Eso
viene de muchos años atrás, cuando, por ejemplo, en el 1986 fui escogido como Diputado
por el Distrito Nacional, y a pesar de haber sido despojado injustamente de esa
elección, no presenté un solo motivo de agravio ante las autoridades de nuestro
Partido.
Lo
mismo volvió a ocurrir en el 1990. En esa ocasión se me pidió , nueva vez, abandonar
la boleta como eventual candidato a Diputado por el Distrito Nacional, porque,
supuestamente, se tenía previsto que
ocuparía la función de Canciller de la República, en el caso hipotético de un
triunfo en las urnas.
Luego
de los acontecimientos que frustraron la llegada al poder de nuestra
organización en esas elecciones, un compañero, tal vez con el propósito deliberado
de zaherirme, en tono sarcástico, me
expresó: ¨Tu sabes que si hubiésemos ganado, a ti sólo te habrían propuesto la
posición de Vice-canciller.¨
Mi
respuesta le sorprendió. Sólo atiné a decirle: ¨Pero es que como Vice-canciller
todavía habría sido demasiado para mí.¨
Posteriormente,
en el 1993, cuando se me sugería ser candidato a la Vice-presidencia para las
elecciones del año siguiente, en 1994, decliné amigablemente la propuesta, y
hasta propuse quien sería el compañero
más idóneo para tan alta distinción.
Todo
este relato lo he traído a colación para
indicar que en todo lo largo de mi
trayectoria política, tal vez de manera atípica, nunca me he procurado cargos o puestos. Los
que se han conquistado a lo largo de los años, han sido sobre la base del reconocimiento
espontáneo y generoso de núcleos de amigos y compañeros que simplemente han confiado
en mí; y han creído ver en mi persona determinadas
cualidades que les atraen y les simpatizan.
Pero
ni antes ni ahora mi lucha jamás ha sido por un cargo. Antes como en la
actualidad, lo que siempre me ha animado es la lucha por una causa. Por una
causa que considere justa, noble y valedera.
Y
en estos momentos, la causa que asumimos es la del respeto por nuestra
Constitución, la defensa de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Lo hago porque como principal promotor o
auspiciador de la actual Carta Magna, sin que nadie me haya dado mandato para
ello, me siento, sin embargo, en la obligación moral de ser su guardián, su
vigilante y su centinela, al igual que todo el pueblo dominicano.
Pero,
más aún, lo hago porque percibo que en nuestro medio no se ha llegado
plenamente a comprender que el objetivo fundamental de una Constitución es
el de establecer los límites al ejercicio
del poder político.
La
Constitución, además de disponer la protección y garantía del disfrute de los
derechos fundamentales, contiene las reglas del juego político; y es como el
semáforo en rojo que indica cuando hay que detenerse.
En
la historia nacional ha habido quienes osadamente han modificado nuestra Ley de
Leyes, para continuar su marcha desenfrenada, aún con la luz en rojo.
Y
eso es lo que no podemos permitir que ocurra nunca.
Un
destacado jurista y filósofo italiano del siglo XIX, Gian Domenico Romagnosi,
llegó a sentenciar que ¨La Constitución es la ley suprema que un
pueblo impone a sus gobernantes con el objeto de precaverse contra el
despotismo.¨
Parafraseando
a Winston Churchill, el símbolo de la resistencia contra los nazis durante la
Segunda Guerra Mundial, la Constitución ¨no
es un sofá que toma la forma de la última persona que se sentó en él.¨
En
definitiva, la Constitución tiene una función de legitimación del poder
político, tanto en su origen como en su desempeño. Para ella, la soberanía
reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los
cuales ejerce en los términos establecidos por la propia Constitución y las
leyes.
Todo
lo que se haga contrario a la Constitución es nulo. La Constitución es la
fuente del Estado Democrático y Social de Derecho. Es la garantía del respeto a
la dignidad de las personas; del derecho a la vida; a la libertad de expresión;
a la integridad personal; a la libertad de conciencia y cultos; del derecho al
honor, a la educación, a la salud y al trabajo.
Hace
exactamente 50 años el pueblo dominicano se levantó en armas, en la gloriosa
gesta heroica del 24 de abril de 1965, exigiendo el restablecimiento de la
Constitución de la República, que había sido vilmente conculcada, infringida y quebrantada,
por los autores de la asonada militar de septiembre de 1963, que puso fin, de
manera abrupta, al primer ensayo democrático post-dictadura de Trujillo,
encabezado por ese gran maestro de la política y la literatura, el profesor
Juan Bosch.
Nosotros,
los miembros y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicano somos los
legatarios universales de ese gran movimiento que fue la Revolución de Abril,
pues sin ese acontecimiento, el líder y fundador de nuestro Partido no habría
evolucionado en su pensamiento, dejándonos de esa manera huérfanos de una
orientación que nos sirviera para convertirnos en los arquitectos de nuestro
propio destino.
Sin
Constitución no hay patria. Sin Constitución no hay nación; no hay familia. Sin Constitución todos nuestros derechos son
desconocidos. Sin Constitución podemos ser esclavizados, tratados sin dignidad,
sin respeto, sin honor. Sin Constitución, sencillamente, no existimos.
Por
eso debemos conocer, respetar y honrar nuestra Constitución. Sólo ella nos
protege contra la arbitrariedad, el despotismo, la tiranía y la opresión.
Dominicanas
y Dominicanos:
El pasado 30 de abril fue depositado por ante
el Senado de la República, un proyecto de ley que declara la necesidad de
reformar la Constitución de la República en su artículo 124.
Ese
proyecto de ley fue presentado por 13 honorables miembros de esa cámara
legislativa, conforme al artículo 269 de la Constitución, según el cual nuestra
Carta Sustantiva ¨podrá ser reformada si la proposición de reforma se presenta
en el Congreso Nacional con el apoyo de la tercera parte de los miembros de una
u otra cámara, o si es sometida por el Poder Ejecutivo.¨
El
objetivo del proyecto de ley, como acaba de indicarse, es el de reformar el
artículo 124 de la Constitución, que dice así:
¨El
Poder Ejecutivo se ejerce por el o la Presidente de la República, quien será
elegido cada cuatro años por voto directo y no podrá ser electo para el período
constitucional siguiente.¨
El
proyecto de ley para reformar la Constitución lo que indica es lo que sigue:
¨Artículo
1.- Se declara la necesidad de modificar el artículo 124 de la Constitución de
la República del 26 de enero del año 2010, así como el establecimiento de un
artículo tran]-sitorio en el texto de la misma, conforme se indica en el
siguiente artículo.
¨Artículo
2.- La presente reforma tiene por objeto:
¨a)
permitir que el Presidente de la República disponga del derecho de poder optar
por un segundo y único período constitucional consecutivo, no pudiendo
postularse jamás al mismo cargo.
¨b)
establecer un artículo transitorio en que se consigne de que en el caso
eventual de que el Presidente de la República actual, correspondiente al período
2012-2016, sea candidato presidencial
para el período 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente y para
ningún otro.¨
Como
ha podido constatarse, el objetivo de la reforma constitucional es el de hacer
posible la reelección presidencial para un segundo período consecutivo, y que
luego no pueda postularse jamás.
Como
he expuesto de manera consistente, estando en el poder o fuera de él, siempre
he estado de acuerdo con la reelección presidencial como figura jurídica,
porque, en realidad, cuatro años resultan pocos para un gobierno que está
realizando una buena labor.
Por
eso, en el caso de que así lo contemple la Constitución, al momento de
iniciarse el mandato presidencial, como fue mi caso en el 2008, lo ideal es que el pueblo decida en las urnas, y que el
representante del Poder Ejecutivo pueda tener la oportunidad de reelegirse para
un segundo período consecutivo.
Ese
es el modelo norteamericano, que empezó como costumbre cuando luego de haber
agotado dos períodos consecutivos de cuatro años, George Washington, el primer
presidente, no sólo de los Estados Unidos, sino del mundo, pasó a retiro.
Esa
práctica continuó con John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe
y todos los ejecutivos norteamericanos, hasta Franklin Delano Roosevelt, que
por el hecho de la Gran Depresión, en la década de los treinta, y la Segunda
Guerra Mundial, fue electo cuatro veces para ocupar la Casa Blanca.
Fue
después de Roosevelt, en la Enmienda No. 22 de la Constitución de los Estados
Unidos, ratificada el 27 de febrero de 1951, que vino a instituirse, por vía
constitucional, de sólo dos períodos presidenciales, y nada más.
Pero
ni siquiera en nuestra propia región de América Latina y el Caribe, ese sistema
norteamericano tiene carácter de validez universal. En México, por ejemplo, es
un solo período de seis años, llamado sexenio. En Colombia, después del
presidente Álvaro Uribe, dos períodos de cuatro años. Igual en Argentina. En
Brasil, son dos períodos consecutivos, brincar el tercero, y poder volver.
En
Chile y Uruguay es igual que aquí: un período sí y otro no. En Venezuela, es
indefinido.
En
resumen, lo que quiero hacer significar es que no existe un modelo único de
agotamiento de períodos presidenciales, aceptado de igual manera por todos. Por
tanto, no es válida la idea de que la reelección presidencial, por su propia
naturaleza, es mala. No es así. Si hubiese tenido esa creencia, no habría sido candidato a la reelección en el 2008 para un segundo período consecutivo.
El
debate, más bien, gira en torno a si es apropiado, si es correcto modificar la
Constitución con el único propósito de hacer potable la reelección
presidencial.
Por
mi trayectoria personal, ya se sabe que no soy partidario de ese tipo de
acción. Me inclinaría por el criterio de realizar esa modificación cuando
recaiga en un momento que no beneficie al incumbente, esto es, al presidente de
turno, para de esa manera no resquebrajar la institucionalidad.
Más aún, considero que en casos de trascendencia tal, como el de una
modificación a la Carta Magna, que involucra el interés de la nación, la
fórmula más adecuada y eficaz para salir hacia adelante, es mediante el
diálogo, la construcción de consensos y la unificación de criterios, tanto dentro
del propio Partido, como en toda la sociedad.
Así
se hizo con la reforma constitucional del 2010, en la que las distintas
organizaciones cívicas del país fueron invitadas a participar de una consulta
popular, en la cual expresaron sus propuestas sobre cómo debía quedar
organizado el Estado dominicano del siglo XXI.
En
adición al mecanismo de las consultas populares, se creó una comisión de 15
juristas expertos en Derecho Constitucional, que contribuyeron con el diseño
técnico jurídico final de las propuestas.
De
esa manera, en comunicación constante con todas las fuerzas vivas de la nación,
en forma abierta y democrática, se realizó la más profunda y progresista
reforma constitucional en nuestro país, después de la histórica y emblemática
del 1963.
En
síntesis, aunque desde mi perspectiva no es lo más idóneo ni es lo más
apropiado, tampoco es que una Constitución no pueda modificarse para hacer
posible un segundo mandato presidencial consecutivo.
Desde
el punto de vista jurídico, se puede. Lo que ocurre es que tiene que hacerse
respetando el procedimiento consagrado en la propia Constitución.
En
ese aspecto, me preocupa que en el
debate que ha surgido para modificar nuestra Carta Sustantiva, se quiera
desconocer que la ley que convoca a la Asamblea Nacional Revisora sea una ley orgánica, la cual, por
consiguiente, requiere de la aprobación de las dos terceras partes de los
presentes, tanto del Senado como de la
Cámara de Diputados.
Se
comprende que si para someter dicho proyecto
de ley, se requiere que no sea un solo Senador o un solo Diputado, sino una
tercera parte de los miembros del Senado, o una tercera parte de los miembros
de la Cámara de Diputados, es porque se
trata de algo no ordinario, sino especial.
Luego,
si conforme al artículo 271 de nuestra actual Constitución, para aprobar la
reforma propuesta, la Asamblea Nacional Revisora, que es la reunión de ambas
cámaras, Senado y Cámara de Diputados, requiere las dos terceras partes de los
votos, ¿ por qué razón, entonces, se le quiere negar la condición de orgánica a la ley que declara la
necesidad de reformar la Constitución?
Eso,
que parece un debate, más para abogados que para el resto de la ciudadanía,
tiene, sin embargo, una trascendencia enorme para el futuro de nuestra
democracia.
Porque
lo que estamos discutiendo es si nuestra Constitución debe ser rígida o
flexible. Si es rígida es difícil de modificar, que es lo que se desea para
cualquier Constitución en el mundo. Si es flexible, entonces se hace
susceptible de ser modificada por cualquier capricho, quebrantándose, de esa
manera, el Estado de Derecho.
Pero,
además, me preocupa que se tejan ardides y se elaboren argucias para eludir el
hecho de que una reforma como la que se está planteando requiera de algún
mecanismo de legitimación popular, como sería el caso, por ejemplo, de un referendo
aprobatorio.
Para
aspirar a reformar la actual Constitución de la República y hacer posible la
reelección presidencial, se parte de la premisa del enorme respaldo que recibe
el Presidente de la República, en las distintas mediciones o encuestas que se
realizan.
Sobre
esa base, se ha levantado la consigna que se lee en letreros, en distintas
partes del país, de que el pueblo es el que manda.
Comparto
esa opinión. El pueblo es el que manda; y si es así, dejemos que sea el pueblo
el que efectivamente se exprese mediante la realización de un referendo
aprobatorio, para que diga directamente si quiere o no la reforma
constitucional, conforme al artículo 272 de nuestra Constitución.
Ese
sería un ejemplo hermosísimo de democracia directa, como nunca antes se ha
visto en la historia nacional. De esa manera, nuestro Partido de la Liberación
Dominicana estaría a la altura de las grandes expectativas nacionales, se
cubriría nuevamente de gloria, y dejaría escrito un nuevo capítulo ejemplarizador
en las luchas de nuestro pueblo por la democracia y la libertad.
Yo
mismo me sumaría con entusiasmo a esa gran jornada cívica. Recorrería el país
nuevamente, junto a todo el que se sienta identificado conmigo, en favor de que
el pueblo manifieste su voluntad en favor del cambio a la Constitución.
Se
que lo que late en el corazón de todos los miembros de la alta dirección de
nuestro Partido es que en estos momentos, por lo que refieren las encuestas, el
compañero presidente Danilo Medina es quien se encuentra en mayores posibilidades
de garantizar un nuevo triunfo morado en las urnas.
Si la Constitución permitiera la reelección
presidencial, como ocurría en el 2008, todo sería muy fácil. Esta discusión no
se habría suscitado. Todos estaríamos apoyando a nuestra mejor opción. Pero
resulta que la Constitución no lo permite.
Aún
así, no es mi propósito erigir obstáculos en las aspiraciones legítimas de
triunfo que todos albergamos; y aunque por convicción y trayectoria, como he
sostenido, no soy partidario de modificar la Constitución con el único
propósito de hacer posible la reelección presidencial, me inclinaría
reverentemente y con humildad ante lo que sería la voluntad del pueblo,
expresada en un referendo.
Ya
lo decía Abraham Lincoln, ese gigante de la lucha por la libertad, que salvó a
su nación de la inminencia de una gran división, en medio de la Guerra de
Secesión, para liberar a los esclavos, al afirmar: ¨La democracia es el régimen
del pueblo, para el pueblo y por el pueblo.¨
Nunca
temamos al pueblo. Dejemos que el pueblo hable. Así lo manda nuestra
Constitución.
En
nuestro humilde criterio, el proyecto de
reforma que se ha depositado en el Senado de la República, no ofrece, por sí
solo, suficientes garantías ni seguridad
jurídica en el sentido de que la reforma que se quiere hacer en la actualidad,
no volverá a repetirse en el futuro.
No
es que se ponga en dudas la palabra o
las sanas intenciones de los Senadores
que han formulado la propuesta de reforma constitucional. Es que,
sencillamente, el artículo transitorio que se aspira a consignar dejaría tan vulnerable la posibilidad de reformar
nuestra Constitución en el futuro, como en la actualidad interpretan algunos miembros
de nuestra comunidad jurídica que puede hacerse, esto es, sin aprobación de ley orgánica ni realización de referendo aprobatorio.
Eso,
naturalmente, sería sumamente peligroso para el porvenir de nuestro pueblo. Sería
nefasto. Sería catastrófico, ya que dejaría las posibilidades abiertas para que
en la posteridad surja algún aventurero
que modifique de nuevo la Constitución,
pero esta vez para establecer la reelección indefinida, e intentar perpetuarse en el poder.
Así
tendríamos el Trujillo del siglo XXI, que vendría a cercenar nuestras
libertades, a mutilar nuestra dignidad y a truncar nuestro porvenir como
pueblo.
Eso
no lo podemos permitir. La historia condenaría a nuestra generación como
irresponsable, irreflexiva e insensata,
pues advirtiendo el peligro y la amenaza que significaba para el futuro de
nuestra democracia, de nuestra sociedad y de nuestras familias, no tuvimos el valor de alzar nuestra voz y actuar
en consecuencia.
Obviamente,
lo hacemos con respeto; y lo que afirmo es que el proyecto de ley, actualmente
en el Senado, que procura modificar la Constitución de la República es
insuficiente, y por lo tanto, inaceptable, por el riesgo y la inseguridad que
implica para la supervivencia de nuestras instituciones democráticas.
Aunque
para muchos resulta más que claro en la actualidad, para no dar lugar a dudas
en los años por venir, para que no haya ningún equívoco o falsa interpretación,
debería contemplarse modificar el artículo
270 del texto constitucional, para que en lo sucesivo, en forma directa señale
que la Ley de Convocatoria a la Asamblea Nacional Revisora debe ser aprobada,
ni siquiera como una ley orgánica, sino como una ley especial, con las tres cuartas partes de la matrícula de
ambas cámaras.
De
igual manera, debería someterse a modificación el artículo 271, para establecer
que en lo sucesivo, si la reforma constitucional versa sobre el mandato de
elección constitucional del Presidente de la República, la decisión deberá
adoptarse también por la mayoría de las tres cuartas partes de los miembros de
la Asamblea Revisora
Debería también someterse al Congreso Nacional, para
que rija en lo adelante, la ley que dispone la Consulta Popular, para que pueda
modificarse la Constitución conforme al artículo 210 de la misma.
Finalmente,
en lo atinente a la celebración del referendo aprobatorio, previsto en el
artículo 272, la propuesta es que el número de electores se eleve del 30 al 60
por ciento de los inscritos en el registro electoral, para de esa manera
hacerlo más participativo y democrático.
La
idea es, vuelvo a repetirlo, que la Constitución sea rígida. Que no pueda ser
cambiada o modificada tan fácilmente. Que no dé lugar a interpretaciones aviesas o
acomodaticias. Que la Constitución sea, de manera permanente, el pacto suscrito
por los diversos sectores que componen la sociedad dominicana, para que
prevalezca siempre la paz, el progreso y la convivencia civilizada.
Como
puede apreciarse, lo que sugiero es simple. No persigo cargo o puesto alguno. Sólo invoco que
se respete la Constitución, para que un mal ejemplo de hoy no se convierta en
la excusa o la justificación del mañana; y que todo lo construido hasta hoy,
con el esfuerzo laborioso de todos los dominicanos y dominicanas, se destruya,
por las ambiciones irrefrenables de poder que cada cierto tiempo surgen en el
horizonte nacional.
Reconozco
que como consecuencia de las discrepancias que se han suscitado en torno al
proyecto de reforma constitucional que procura la reelección presidencial, ha
surgido mucha intranquilidad y desasosiego en nuestro pueblo, y mucha mortificación y aflicción en la
familia peledeísta.
A
pesar de nuestras diferencias, hago todo el esfuerzo para que nuestro Partido
se mantenga fuerte, cohesionado y unido. Por eso, incentivo una línea de diálogo permanente para superar
nuestros escollos.
Todo
lo que he sido y soy políticamente se lo debo al profesor Juan Bosch y al
Partido de la Liberación Dominicana. Amo profundamente a nuestro partido de la
bandera morada y la estrella amarilla. Ahí me he formado. Ahí he luchado junto
a mis compañeros y compañeras durante los últimos 42 años, en favor de la democracia,
la libertad y la prosperidad de nuestro pueblo.
No
escapa a mi conocimiento, por demás, que en estos momentos el Partido de la
Liberación Dominicana es la única fuerza verdaderamente organizada que le queda
a la democracia dominicana; y que un descalabro nuestro sería una tragedia para la
estabilidad democrática de nuestra nación.
Por
tanto, puedo asegurar que por la sensatez que nos caracteriza, por nuestro sentido de responsabilidad, por nuestra visión
de la historia, por nuestro compromiso con el futuro y por nuestra deuda imperecedera con nuestro maestro
y guía, el profesor Juan Bosch, nuestro Partido de la Liberación Dominicana superará
este trance; y saldrá más fuerte y vigoroso que antes, más unido y más compacto,
coronándose con nuevas victorias en
beneficio del pueblo dominicano.
En cuanto a mí respecta, se que desde que
culminó mi última gestión de gobierno, en el 2012, he estado en el ojo del
huracán de intereses en conflicto y ambiciones desmedidas de poder, que han
procurado hacer mi voz irrelevante en el escenario político nacional.
De
manera sistemática, como tal vez nunca antes ocurriera con figura pública
alguna en la vida del país, se ha intentado degradarme, deshonrarme y hacerme añicos.
No
se ha logrado, ni se logrará, pues como dice la palabra, nadie que ha confiado
en Dios ha quedado defraudado. Por eso,
cada día salgo protegido, al hacer mío el
salmo 23, diciéndome: "Jehová
es mi pastor y nada me faltará...Me guiará por sendas
de justicia y aunque ande en valle de
sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.¨
En
todo caso, mi divisa es la de José
Martí, el Apóstol de la Independencia de Cuba, en cuyas frases inmortales
dijera: ¨Un
hombre que oculta lo que piensa, o no se atreve a decir lo que piensa, no es un
hombre honrado. Un hombre que se conforma con obedecer a leyes injustas, y
permite que pisen el país en que nació los hombres que se lo maltratan, no es
un hombre honrado.
"Hay
hombres que viven contentos aunque vivan sin decoro. Hay otros que padecen como
en agonía cuando ven que los hombres viven sin decoro a su alrededor. En el
mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta cantidad
de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en
sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible
contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los
hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero,
va la dignidad humana.¨
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