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ATMÓSFFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El
Gobierno de Danilo Medina logró imponer en el Congreso un virtual corral a la
oposición hasta la víspera de las elecciones del 5 de julio, extendiendo el
estado de excepción que limita las manifestaciones y reuniones durante el día y
el tránsito nocturno, con el pretexto del Coronavirus, aunque se han reanudado
gran parte de las actividades nacionales.
Aunque
el candidato presidencial Luis Abinader quedó limitado al contraer el virus,
las encuestas siguen alarmando a los oficialistas y las tres últimas conocidas
esta semana ratifican la posibilidad de que sea electo en primera vuelta, con
muy amplia ventaja para la eventualidad de que se necesite una segunda votación
que defina mayoría absoluta.
El
Gobierno logró ayer imponer la continuidad del estado de excepción que le
permite mantener limitadas las manifestaciones, reuniones y movilizaciones de
los dirigentes y activistas de los partidos de oposición por otros 17 días,
hasta dos días antes de concluir la campaña electoral el jueves 2 de julio,
para las elecciones del domingo 5, sin precedente en la historia política.
Como
la oposición tiene una precaria mayoría en la Cámara de Diputados, la extensión
del estado de excepción falló el miércoles, pero dos días después, en medio de
denuncias de intentos de sobornos, lograron que 3 diputados del Partido
Reformista Social Cristiano la favorecieran, frustrando la resistencia de los
dos principales partidos opositores.
El
Gobierno desoyó todos los reclamos de que levantara las restricciones a los
derechos políticos, ante la inminencia de una elección presidencial y
congresual, aunque amparado en la Ley General de Salud pudiera mantener
suspendidas las actividades recreativas, bares y restaurantes y colmadones, que
son las únicas que siguen restringidas cuando el país lleva más de tres semanas
en un proceso de reactivación general.
Las
medidas dispuestas por la emergencia sanitaria prohíben todo tipo de reuniones
y manifestaciones a cualquier hora, y la reclusión de los ciudadanos a partir
de las 7 de la noche, y los domingos desde las 5 de la tarde, lo cual limita
hasta las caravanas vehiculares que no romperían las previsiones de distancia
por la pandemia. Mientras la oposición y los medios informativos muestran
activistas del partido oficialista repartiendo ayudas en horas de la noche
hasta con asistencia de las fuerzas de seguridad pública.
Persistente
deseo de cambio.
El
empeño en mantener acorralada a la oposición es relacionado con el deseo de
cambio que manifiesta desde el año pasado hasta del 78 % de la población, como
registró la encuesta Gallup-HOY de mayo del 2019, y con cifras aproximadas en
otras acreditadas, que colocan al candidato presidencial del Partido
Revolucionario Moderno (PRM) y otros seis aliados con las mayores posibilidades
de encarnarlo.
Una
decena de encuestas publicadas últimamente mantienen las ventajas de Abinader.
Esta misma semana se publicaron dos y se conoció una tercera que configuran la
posibilidad de que sea electo en primera vuelta y en caso de una segunda, le
otorgan hasta 20 puntos sobre su más cercano competidor Gonzalo Castillo, el
candidato del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y una decena
de aliados.
Encuesta
CYGNAL: Abinader ganaría las elecciones en primera o segunda vuelta
Las
dos encuestas publicadas son de la firma norteamericana Cygnal y del dominicano
Centro de Innovación y Políticas Públicas (CIPP). La primera, contratada por
empresarios, fue telefónica entre 1,200 personas, y en su presentación sostiene
que fue señalada como la número uno en investigación durante 2018 por el diario
The New York Times. Arrojó en primera vuelta 45% para Abinader, 23 a Castillo, 11
a Leonel Fernández y 3 a Guillermo Moreno, pero al restarle los que no votarían
o están indecisos, se convierten en 55, 28, 14 y 3% respectivamente. En la
eventual segunda vuelta Abinader 55 contra 31 de Castillo.
La
del CIPP fue presencial, con 1,200 entrevistados llenando un cuestionario, y
arrojó 52 % para Abinader, Castillo 36, Leonel 8 y Moreno 1%. En segunda vuelta
el del PRM obtendría 63%, y el peledeísta 33%.
La
tercera es reservada, contratada por empresarios, que ya en octubre y enero
pasado auspiciaron otras, realizadas por una acreditada firma transnacional,
reseñadas en El Tema de HOY. La última, realizada del 4 al 8 de junio, fue
también presencial y con muestra de 1,200. En primera vuelta Abinader 52%,
Gonzalo 38 y Leonel 9%. En segunda vuelta, el perremeísta ganaría al peledeísta
58 a 38%.
Proceso
antidemocrático
Las
ventajas que la opinión pública y las encuestas atribuyen a la oposición para
los comicios de julio, y que ya se expresaron en los municipales de marzo, se
mantienen a pesar de las inequidades de la campaña electoral, especialmente
tras la aparición del coronavirus cuando el Gobierno ha dispuesto de más de 100
mil millones de pesos para subvenciones sociales, y que ha manejado con
inocultable ventajismo político.
A las
persistentes denuncias de la oposición, se suman las de instituciones como
Participación Ciudadana que emitió ayer un comunicado expresando “profunda
preocupación por las innumerables violaciones a la Constitución y a las leyes
en la campaña electoral”, hasta planear que “en este panorama no podremos
afirmar que las elecciones nacionales sean libres, democráticas y equitativas
como establecen nuestras leyes”.
La
entidad, que lleva un cuarto de siglo observando los procesos electorales
plantea que “a pesar de los esfuerzos desarrollados por más de 20 años para
adecentar y regular la actividad política en el país, el actual proceso
electoral está plagado del mismo comportamiento antidemocrático, inequidad y
falta de transparencia que se quiso corregir con la Ley 15-19 del Régimen
Electoral”.
Especifica
que su observación del proceso electoral que realiza desde mediados del 2019
“muestra que se han incumplido los preceptos de la democracia y se acrecienta
la cantidad de violaciones a las leyes, ante la impotencia de una población que
aspira y lucha por una práctica política más decente, equitativa y
transparente”. Documenta la participación del Gobierno en la campaña, el uso de
recursos públicos, la falta de control del gasto que estableció la Ley de
Partidos y la inefectividad de la Procuraduría Especial para perseguir los
delitos electorales, entre otros aspectos.
Pobre
arbitraje electoral
Los
abusos del poder gubernamental han sido sistemáticamente denunciados por los
partidos opositores que han levantado instancias ante la Junta Central
Electoral pidiendo medidas cautelares, por ejemplo la del PRM denunciando que
unos 95 candidatos oficialistas no habían tomado la licencia que manda la ley a
quienes ocupan cargos ejecutivos en los organismos estatales, incluyendo a la
candidata vicepresidencial del PLD, Margarita Cedeño. Sin que la JCE
reaccionara, la actual vicepresidenta resignó la dirección de los programas
sociales que con la pandemia dispuso ayuda para cientos de miles de personas.
La
Junta Central Electoral cancela a su director de Informática
La
JCE también se ha quedado corta sobre las solicitudes de disposiciones para dar
garantías a la población de que pueda votar sin poner en riesgo la salud, como
la extensión del horario, con franja para los mayores de edad, eliminación de
entintado de dedos o permitir que el ciudadano pueda marcar la boleta con su
propio bolígrafo. A tres semanas de las elecciones aún no ha convocado a los
partidos, como dispone la ley, para reestructurar su departamento informático,
cuyo titular fue despedido tras la suspensión de los comicios municipales en
febrero. Y bajo presión de la oposición fue que convocó las votaciones en el
exterior, que evidentemente no favorecía el Gobierno.
Con
poco crédito por el fracaso de la elección en febrero, el organismo arrastra un
pecado de origen: dos de sus cinco miembros llegaron por ser dirigentes del PLD
y su aliado el PRD, lo que contribuye a su lentitud e inmovilidad. Fue
dramática la reciente declaración del vicepresidente de la Fundación
Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, quien planteó que la JCE
“es una institución que parecería que está pegada con saliva en la pared, que no
tiene una base política, que por eso es que hemos insistido en que debe dejarse
acompañar, asistir de los partidos políticos” a lo que no está obligada, pero
sí en las actuales circunstancias.
Supremo
interés nacional
Cada
semana son más dramáticos los vaticinios sobre las repercusiones económicas y
sociales del coronavirus en el país, con más de un millón de empleados que
fueron suspendidos, déficits que podrían pasar de 250 mil millones pesos este
año, con el turismo paralizado y sin perspectivas de recuperación a corto
plazo, e incremento de la pobreza, todo lo cual y mucho más genera graves
incertidumbres sobre la estabilidad del país.
Con
la pandemia aún sin ser controlada, parece más prioritario que nunca que la
nación pase la prueba de unas elecciones que legitimen el nuevo gobierno que
debe establecerse ya dentro de dos meses. Pero tanto en el Gobierno como en
sectores de la oposición, del empresariado y en la sociedad en general, hay
gente que no termina de hacer conciencia de la necesidad de un mínimo de
respeto a la competencia electoral para no generar mayores enconos y
confrontaciones que contribuyan a la desestabilización.
No
faltan quienes se frotan las manos pensando que la comunidad internacional no
estará tan pendiente de lo que ocurra aquí en el proceso electoral, debido a la
pandemia universal. Como si la principal responsabilidad no fuera con los más
de 11 millones de dominicanos, incluyendo a la diáspora que ha sido fundamental
en la estabilidad macroeconómica con los 50 mil millones de dólares que ha
aportado en remesas en la última década.
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