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ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Las
operaciones ilegales que se desarrollaban con las bancas de apuestas,
deportivas y los colmadones que tenían tragamonedas y que involucra
directamente al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, dejaban jugosas
partidas a los involucrados en el denominado El Programa, o El Proyecto, donde
una sola persona se quedaba con hasta RD$ 17 millones al mes.
De acuerdo con el relato del
procesado Ramón Emilio Jiménez Collie, en el proyecto éste fungía como el brazo
ejecutor para lo que se entrevistó directamente con Guerrero, a quien le
presentó el proyecto que en un principio intentó acercarse lo más próximo al
esquema de Impuesto Internos para la recaudación al fisco, pero que terminó
convirtiéndose en un entramado que cobraba y extorsionaba a bancas de apuestas
y deportivas fuera de la ley.
Jiménez Collie fue
entrevistado por la directora general de Persecución del Ministerio Público,
Yeni Berenice Reynoso, y por el titular de la Procuraduría Especializada contra
la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, en torno a su
participación en el entramado de corrupción develado con la Operación Calamar,
a quienes les informó cómo operaba la estructura que se encargaba de cobrar a
las bancas, la que dijo operaba con la anuencia del exministro de Hacienda,
Donald Guerrero.
Identificado como propietarios de
empresas de construcción y gestor financiero, Jiménez Collie afirmó que es
accionista de la compañía Constructora Latinoamericana de Proyectos, de
Trossachs Enterprises SRL y de la inmobiliaria La Zahia. Narró que el proyecto
de las bancas y los tragamonedas lo desarrolló en principio juntamente con
Chalas Guerrero, primo de Donald Guerrero, y Fernando Crisóstomo, en el que
recaudaban en principio unos RD$ 25 millones.
“Nosotros, Fernando Crisóstomo y José
Ureña nos repartimos aproximadamente 6,000.000 ó 7,000.000.00 entre los tres”,
informó el investigado, tras señalar que el proceso consistía en cerrar bancas
y cobrar por aquellas que no estaban reguladas. “Claro, todo eso se pudo lograr
con la participación de Hacienda, no era posible materializar el proyecto sin
la participación del ministro Donald Guerrero, por eso dispuso que esa
operación la realizara el director de Casinos y Juegos”, indicó.
Lo que cobraba la estructura al mes
al margen de la ley
El investigado Jiménez Collie indicó
que la estructura cobraba entre RD$ 25 y RD$ 30 millones aproximadamente,
basado en lo que Fernando Crisóstomo reportaba, de lo cual entre RD$ 8 y RD$ 9
millones eran invertidos en gastos de operaciones, por lo que a él en promedio
le entregaban unos RD$ 17 millones limpios al mes. Las ganancias se la
repartían en entre él, Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, a quienes les
tocaba entre RD$ 1,5 a RD$ 1,7 millones. Mientras que Jiménez Collie se quedaba
con la mejor partida, que generalmente oscilaba entre RD$ 8 y RD$ 11 millones.
“Y siempre quedaba entre RD$ 8 y RD$
11 millones, que yo me quedaba con
ellos, eso era limpio, para mí, yo eso lo cogía para mí”, dejó plasmado Jiménez
Collie en su interrogatorio, en el que también señala que este esquema duró
entre 12 o 14 meses, en una primera etapa.
En otra fase también operaba el
esquema denominado El Programa, o El Proyecto, que consistía en el cobro ilegal
de una mensualidad a bancas de loterías, deportivas y colmados que tenían
tragamonedas, también en coordinación con el Ministerio de Hacienda, de cuyas
recaudaciones se les entregada a Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña un
millón mensual y al nombrado Omar Fernández otros dos millones de pesos.
“Pero sé que eran en efectivo todos
esos manejos, es decir, recolección y distribución de todo ese dinero era
totalmente en efectivo”, aclaró el integrante de la operación, tras precisar
que entre los dos periodos o etapas que se desarrolló la trama del cobro ilegal
a las bancas recibió aproximadamente RD$ 148 millones, es decir, entre el
periodo de Fernando Crisóstomo y Sergio Moya.
El Ministerio Público lo acusa de asociación de malhechores, estafa al Estado, sobornos y coalición de funcionarios para sustraer fondos públicos.
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