Testigo Operación Calamar: “Estructura de cobro ilegal a bancas de apuestas operaba con la anuencia de Donald Guerrero”

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ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Las operaciones ilegales que se desarrollaban con las bancas de apuestas, deportivas y los colmadones que tenían tragamonedas y que involucra directamente al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, dejaban jugosas partidas a los involucrados en el denominado El Programa, o El Proyecto, donde una sola persona se quedaba con hasta RD$ 17 millones al mes.

De acuerdo con el relato del procesado Ramón Emilio Jiménez Collie, en el proyecto éste fungía como el brazo ejecutor para lo que se entrevistó directamente con Guerrero, a quien le presentó el proyecto que en un principio intentó acercarse lo más próximo al esquema de Impuesto Internos para la recaudación al fisco, pero que terminó convirtiéndose en un entramado que cobraba y extorsionaba a bancas de apuestas y deportivas fuera de la ley.

Jiménez Collie fue entrevistado por la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, y por el titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, en torno a su participación en el entramado de corrupción develado con la Operación Calamar, a quienes les informó cómo operaba la estructura que se encargaba de cobrar a las bancas, la que dijo operaba con la anuencia del exministro de Hacienda, Donald Guerrero.

Identificado como propietarios de empresas de construcción y gestor financiero, Jiménez Collie afirmó que es accionista de la compañía Constructora Latinoamericana de Proyectos, de Trossachs Enterprises SRL y de la inmobiliaria La Zahia. Narró que el proyecto de las bancas y los tragamonedas lo desarrolló en principio juntamente con Chalas Guerrero, primo de Donald Guerrero, y Fernando Crisóstomo, en el que recaudaban en principio unos RD$ 25 millones.

“Nosotros, Fernando Crisóstomo y José Ureña nos repartimos aproximadamente 6,000.000 ó 7,000.000.00 entre los tres”, informó el investigado, tras señalar que el proceso consistía en cerrar bancas y cobrar por aquellas que no estaban reguladas. “Claro, todo eso se pudo lograr con la participación de Hacienda, no era posible materializar el proyecto sin la participación del ministro Donald Guerrero, por eso dispuso que esa operación la realizara el director de Casinos y Juegos”, indicó.

 

Lo que cobraba la estructura al mes al margen de la ley

El investigado Jiménez Collie indicó que la estructura cobraba entre RD$ 25 y RD$ 30 millones aproximadamente, basado en lo que Fernando Crisóstomo reportaba, de lo cual entre RD$ 8 y RD$ 9 millones eran invertidos en gastos de operaciones, por lo que a él en promedio le entregaban unos RD$ 17 millones limpios al mes. Las ganancias se la repartían en entre él, Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, a quienes les tocaba entre RD$ 1,5 a RD$ 1,7 millones. Mientras que Jiménez Collie se quedaba con la mejor partida, que generalmente oscilaba entre RD$ 8 y RD$ 11 millones.

“Y siempre quedaba entre RD$ 8 y RD$ 11 millones,  que yo me quedaba con ellos, eso era limpio, para mí, yo eso lo cogía para mí”, dejó plasmado Jiménez Collie en su interrogatorio, en el que también señala que este esquema duró entre 12 o 14 meses, en una primera etapa.

En otra fase también operaba el esquema denominado El Programa, o El Proyecto, que consistía en el cobro ilegal de una mensualidad a bancas de loterías, deportivas y colmados que tenían tragamonedas, también en coordinación con el Ministerio de Hacienda, de cuyas recaudaciones se les entregada a Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña un millón mensual y al nombrado Omar Fernández otros dos millones de pesos.

“Pero sé que eran en efectivo todos esos manejos, es decir, recolección y distribución de todo ese dinero era totalmente en efectivo”, aclaró el integrante de la operación, tras precisar que entre los dos periodos o etapas que se desarrolló la trama del cobro ilegal a las bancas recibió aproximadamente RD$ 148 millones, es decir, entre el periodo de Fernando Crisóstomo y Sergio Moya.

El Ministerio Público lo acusa de asociación de malhechores, estafa al Estado, sobornos y coalición de funcionarios para sustraer fondos públicos.